En el marco del acuerdo “Entendimiento Bicentenario” entre México y Estados Unidos, al cual me he referido en otras ocasiones, el cambio de perspectiva implicó no pensar que las ilicitudes que se cometen en el país vecino tienen su origen solamente en territorio nacional, específicamente, de México hacia Estados Unidos con el tráfico de drogas, sino que, por el contrario, el nivel de violencia que tenemos en el país está marcada por el tráfico ilegal de armas proveniente de Estados Unidos hacia México.

En ese contexto, cualquier acción novedosa que permita controlar el flujo de armas ilícitas hacia nuestro país generará mejores condiciones de paz, por ello es tan importante la distinción que otorgó la Asociación de Control de Armas al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, en la figura del canciller Marcelo Ebrard como “Persona del año en control de armas”, con motivo de la demanda presentada el año pasado por la Secretaría de Relaciones Exteriores contra los fabricantes en Estados Unidos.

Respecto a lo que representa la amenaza de los grupos delictivos en nuestro país, retomemos el diagnóstico que ofrece la Evaluación Nacional de Riesgo 2020, que coloca al crimen organizado como uno de los principales factores de mayor riesgo de lavado de dinero en México. Siendo el tráfico de drogas la modalidad delictiva con más presencia en nuestro país, el crimen organizado se nutre de una amplia gama de delitos que le permite generar grandes recursos y, de esta manera, seguirse financiando y diversificando.

A través de estos recursos pueden adquirir armas con facilidad y sin el control de las autoridades del país donde se fabrican. Actualmente se han identificado 19 organizaciones delictivas de mayor impacto, dos de ellas con alcance supranacional, lo que en gran medida se debe a su capacidad de fuego por el uso de armas que, por lo menos, en 70 por ciento son introducidas al país desde Estados Unidos de manera ilegal.

La demanda civil que la Cancillería interpuso en agosto de 2021 contra fabricantes estadunidenses de armas tiene el objetivo de hacer corresponsables a empresas manufactureras de armamento de ese país que venden directa o indirectamente a cárteles del narcotráfico sin mayor represalia y con la enorme repercusión de la violencia que existe hoy en día en México. Que el gobierno de México haya tomado cartas en el asunto es un hecho inédito; con la presentación de esta demanda se busca resarcir un daño cuantificable para las víctimas de este contexto de violencia y hacer uso de los recursos en acciones sociales que mejoren la calidad de vida de las personas que habitan en los lugares de mayor conflicto.

La importancia de recuperar activos de la delincuencia organizada debe ser parte integrante de la estrategia en materia de seguridad, procuración e impartición de justicia en nuestro país. Recordemos que, entre las acciones en el combate a la corrupción, se encuentra también la presentación de una demanda civil el año pasado en Estados Unidos por parte del gobierno de México, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera, en contra de Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón Hinojosa y diversas personas físicas y morales vinculadas con operaciones financieras ilegales que fueron parte de un complejo esquema de contratación en el sector de la seguridad y defensa nacional, relacionado con el ex secretario de Seguridad Pública, y es precisamente en Estados Unidos donde se identificó un importante número de empresas y propiedades asociadas con los actos de corrupción política y lavado de dinero que integran el litigio.

Acciones como las anteriores son de enorme importancia para combatir los índices de violencia y corrupción política que existen en nuestro país, y es con voluntad política del gobierno de México que se avanza por un país mejor para las y los mexicanos.