Madrid. Ignacio Sánchez Galán, presidente de Iberdrola, fue interrogado durante más de dos horas por el juez de la Audiencia Nacional de España, Manuel García-Castellón, quien tiene abierta una investigación sobre las prácticas de espionaje que ha realizado la empresa a lo largo de los últimos años en España y que tenían como objetivo conseguir contratos de obra pública por delante de sus principales competidoras.

El máximo responsable de Iberdrola negó los hechos. "Yo no ordené nada”, aseguró, deslizando que esas decisiones, de haberse producido, las tomaron sus subordinados. Sánchez Galán está siendo investigado y compareció en calidad de imputado por los delitos de cohecho activo, falsedad en documento mercantil y contra la intimidad.

Iberdrola está considerada la segunda multinacional eléctrica más grande del mundo, se calcula que su plantilla laboral, entre empleos directos e indirectos, es superior a los 400 mil, y tiene inversiones y negocios en todos los continentes del mundo y en decenas de países, entre ellos México, donde también está enfrentando problemas legales por sus prácticas empresariales. Como también ocurrió recientemente en Estados Unidos, donde se frustró una gran operación de compra de una filial al ser rechazada por el regulador del Estado de Nuevo México, al apuntar precisamente a esas sospechas de espionaje y manipulación de los precios de la energía para los usuarios por parte de sus directivos.

Sánchez Galán había solicitado comparecer por videoconferencia ante el tribunal de la Audiencia Nacional, pero el juez rechazó esa opción y lo citó a declarar la mañana de este martes. Y así lo hizo, en compañía de sus abogados, que asistieron al empresario durante las más de dos horas de interrogatorio del juez García-Castellón. La investigación que señala a Sánchez Galán y a Iberdrola ya está en una fase muy avanzada, en la que no sólo se tienen importantes testimonios que confirmarían los hechos delictivos de manera continuada, sino que además se abren otras interrogantes sobre la forma de actuar de la compañía a lo largo de los últimos años.

Durante el interrogatorio, Sánchez Galán fue preguntado sobre las operaciones de espionaje encubierto que realizó entre el 2004 y el 2017 el ex comisario de policía José Manuel Villarejo, actualmente procesado en numerosas causas, precisamente por sus actividades delictivas, casi siempre pagadas por empresarios o políticos corruptos. En este caso, la policía y los fiscales sostienen que Iberdrola pagó alrededor de un millón 100 mil euros (25 millones de pesos) y que además una tercera empresa de seguridad, también vinculada a la eléctrica y que se llama Casesa, pagó otros 407 mil euros (nueve millones 400 mil pesos) al ex comisario para que realizara los trabajos de espionaje. El dinero lo habrían sustentado con facturas falsas.

Sánchez Galán mostró su “condena” a unos hechos que consideró “deplorables”, en referencia al presunto espionaje pagado por su empresa, al tiempo que advirtió que en todo caso esa contratación fue ordenado por sus subordinados, e incluso señaló a uno de ellos, Antonio Asenjo, que fungía como jefe de seguridad de la multinacional, que fue despedido de la compañía cuando salió a la luz el escándalo.

Uno de los principales hechos investigados es el que hace referencia a la vigilancia y espionaje al presidente del grupo constructor ACS, Florentino Pérez, también presidente del Real Madrid, sobre todo para conocer sus pasos empresariales y tomarle la delantera en la contratación de grandes proyectos de infraestructura públicos. Pero también se registraron otras prácticas de espionaje como el empresario Manuel Pizarro cuando era presidente de la eléctrica Endesa. Y, quizá de los asuntos más graves que se investigan, es la vigilancia que sometió Iberdrola a través del ex comisario de policía a grupos y líderes políticos españoles y a activistas ecologistas que se oponían a alguno de sus proyectos, como se demostró ya en el caso de la construcción de una planta de ciclo combinado en la localidad gaditana de Arcos de la Frontera o cuando se vigiló y acosó a líderes sindicales de la planta nuclear de Cofrentes, en Valencia.

La matriz de la investigación se basa en las propias grabaciones del ex comisario Villarejo, quien, acorralado por la justicia, decidió colaborar y entregar a la justicia una parte de su ingente archivo de grabaciones ilegales. En el caso de la investigación a Iberdrola se trata de audios de los propios directivos de Iberdrola en conversación con el propio Villarejo, en los que se hace referencia de manera reiterativa del propio Sánchez Galán, al que le llaman “el señorito”, “don Ignacio”, “el presi”, “el gran jefe” y “el consejero”.