Resulta una especie de mantra, sobre todo en países desarrollados, el llamado a transitar del uso de combustibles fósiles a energías limpias para combatir el cambio climático. Sin embargo, impera un dilema: metales como el litio, cobalto, níquel, cobre, oro y otros utilizados para baterías eléctricas y otras tecnologías poco tienen de limpios cuando su extracción pone en riesgo territorios y medios de vida de comunidades indígenas y otras poblaciones.
En un artículo en Oil Price (https://bit.ly/3qfwUzV) se dice que “los metales son el nuevo petróleo” y se explica cómo la transición energética está impulsando un “superciclo de materias primas, con inmensas perspectivas para los fabricantes de tecnología, comerciantes de energía e inversionistas”. Se estima que la “transición global” requerirá de 173 billones de dólares en inversión en infraestructura y suministro de energía durante las próximas tres décadas y que la energía renovable proporcionará 85 por ciento de “nuestras necesidades energéticas para 2050 (y que) en ninguna parte el panorama es más brillante que en la industria metalúrgica”. De acuerdo con estudios citados en el artículo, los precios de los llamados “minerales críticos” podrían cuadriplicarse hacia 2040, “e incluso rivalizar con el valor total de la producción de crudo”.
Los impactos de esta transición basada en la intensificación de la minería pueden ser devastadores. Un artículo del New York Times (https://nyti.ms/3nhdsB5) titulado “Mientras los mineros buscan minerales de energía limpia, las tribus (sic) temen que se repita el pasado”, expone cómo “la extracción de los minerales que pueden ser necesarios para una revolución de energía verde podría devastar las tierras tribales”. Y advierte que la administración del presidente Biden “se verá obligada a elegir”.
El título de un artículo de CNN lo dice todo: “La carrera por extraer litio en Nevada está enfrentando a defensores del clima y a grupos ambientalistas entre sí” y apunta al principal depósito de litio en Estados Unidos que está en Thacker Pass, Nevada, el cual Lithium Americas Corp busca explotar. Grupos ecologistas y pueblos nativos se oponen al proyecto, preocupados por la perturbación de los cementerios tribales sagrados, así como por impactos ambientales. “Muchos de nosotros entendemos que volar una montaña para la minería del carbón está mal; creo que volar una montaña para la minería del litio es igual de malo”, dijo Max Wilbert, organizador ambiental que está acampando en la zona en protesta por los posibles impactos ambientales para la fauna, la contaminación del agua, además de problemas culturales para la comunidad indígena, que tiene en Thacker Pass cementerios sagrados.
La justicia ambiental debe ir más allá de los combustibles fósiles; también a la minería y toda actividad que extrae recursos y destruye el planeta.
“Pocas personas están mejor posicionadas para hablar sobre los desafíos de las industrias extractivas y su relación con los derechos humanos que la hermana de la orden religiosa de Maryknoll Patricia Ryan”, quien ha dedicado casi 50 años a defender comunidades indígenas del Perú, se asevera en entrevista de Global Sisters Report (https://bit.ly/3HSnTTu). Patricia recibió en diciembre pasado el Premio de Derechos Humanos Mamá Angélica (quien fue una mujer quechua y defensora de derechos humanos), de parte de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos del Perú. Ryan ayudó a fundar la ONG Derechos Humanos y Ambiente (DHUMA), cuyo trabajo en la región de Puno incluye a pueblos indígenas aymara y quechuas. DHUMA, por su parte, recibió en 2018 el Premio Internacional de Derechos Humanos Letelier-Moffitt del Institute for Policy Studies, que lleva el nombre de los activistas de derechos humanos asesinados en 1976 en Washington, bajo órdenes de Augusto Pinochet.
Dice sor Patricia que “el Convenio 169 de las Naciones Unidas [sobre consultas previas e informadas] se centra en los derechos de los pueblos indígenas. Es un documento hermoso, pero creo que es uno de los secretos mejor guardados del mundo. La gente en Perú recién está comenzando a aprender lo que dice el documento. Es muy importante no sólo en el ámbito internacional. Una vez que un país ratifica el Convenio 169, está en el mismo nivel o rango que la constitución del país. Ninguna otra norma legal puede ser aprobada o implementada si viola el Convenio 169”. Sin embargo, dice, en Puno nunca ha habido una consulta para saber si una comunidad desea una mina en su territorio, ni ha habido información sobre las implicaciones en su territorio, tierras, recursos naturales, agua, ni su comprensión de la relación con la tierra ni su cosmovisión, como obliga el Convenio 169 [traducción del autor]”. La violación del convenio se repite en toda América.
El 19 de enero se celebrará un seminario en línea en que activistas que defienden el planeta expondrán como movimientos y experiencias comunitarias y territoriales que buscan construir prácticas y agendas de transiciones justas ancladas en la autonomía territorial, la soberanía alimentaria, la transición energética y productiva, en la defensa del agua, de los derechos de la naturaleza, entre otros ejes. Nos contarán cómo a escala regional, activistas, académicos y organizaciones han respaldado un pacto ecosocial del sur, que ubica los llamados a la “descarbonización” en una agenda más amplia, que articule la justicia redistributiva, de género, étnica y ambiental en la construcción de sociedades y economías pos-extractivistas (inscripción gratuita https://bit.ly/3tq2bST).
*Investigador del Institute for Policy Studies de Washington D.C. www.ips-dc.org
Twitter: @ManuelPerezIPS
