El Instituto Nacional Electoral revisará puntualmente el plan de austeridad propuesto por el gobierno federal con el que se pretende que se obtengan mayores recursos para organizar la revocación del mandato; no obstante, debe quedar claro que esa tarea, si bien recae fundamentalmente en el organismo involucra a otras instancias del Estado sostuvo la consejera Carla Humphrey. Sin embargo, aseveró que la Secretaría de Hacienda debe entregar una respuesta fundada y motivada a la petición de ampliar recursos al organismo.
Entrevistada sobre la propuesta, Humphrey aseveró que los planteamientos del gobierno sobre los “excesos salariales” en el INE “no tienen sustento, no están volteando a ver otros órganos del Estado donde ganan el doble o el triple que los consejeros, a quienes se nos señala por ganar más que el Presidente. En otros poderes hay mucha más gente que tiene salarios superiores a los nuestros, como en el Poder Judicial”.
Subrayó que, si bien se debe aguardar al análisis jurídico, “todos sabemos que los derechos laborales no se pueden tocar. Afectar salarios y prestaciones del personal del instituto implicaría que éste violara sus obligaciones constitucionales, aun la sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que instruyó a revisar ajustes presupuestales, pero sin afectar la responsabilidades laborales”.
Pese a ello, en su consideración, el INE aún puede realizar un nuevo esfuerzo para reducir costos para la organización del ejercicio. En particular, en la capacitación y la sustitución de funcionarios, pues es posible aún que ésta se realice sin materiales impresos, mediante la tecnología, vía Zoom, entre otras opciones.
Dijo que se ha iniciado un análisis de la posible participación de los institutos locales como supervisores electorales. En principio, dijo la consejera, el organismo en Colima mostró su disposición a colaborar, lo que ayudaría reducir gastos.
Sin embargo, es necesario esperar la respuesta oficial de Hacienda a la petición de mil 730 millones de pesos de ampliación presupuestal que le hizo el INE para determinar, a partir de tener mayor certeza de los recursos con los que se contará, el rediseño o no de la organización de este ejercicio.
En su caso, si no hay mayor presupuesto, se analizaría centralmente la reducción de las mesas de recepción del voto, aunque la legislación obliga a instalar 161 mil casillas , pero se tendría que pensar en mesa de votación para compactarlas y reducir los costos.
