Ciudad de México. La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación a la Secretaría de la Defensa Nacional y al gobierno de Baja California por haberse confirmado la detención ilegal y actos de tortura en contra de dos personas ocurridas en 2011. A seis años de haber sido notificado el organismo por un juzgado federal, finalmente emitió la recomendación en la que solicita a ambas instancias la reparación del daño a las personas afectadas.
En el documento, solicita que se le inscriba en el Registro Nacional de Víctimas, a fin de que tengan acceso al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral correspondiente y se les otorgue atención médica y psicológica, la provisión de medicamentos y que incluya una compensación con base en las evidencias planteadas.
Asimismo, planteó que que se instruya a quien corresponda a fin de que se colabore ampliamente en la presentación y seguimiento de la denuncia de hechos que esta Comisión Nacional formule ante la Fiscalía General de la República, a fin de que se investigue y determine conforme a derecho la responsabilidad de los policías de la entonces PEP-BC, así como personal de la Sedena, los médicos y demás elementos militares que participaron en los hechos.
Al detallar los sucesos, la CNDH refiere que el 19 de enero de 2011, una de las víctimas fue ilegalmente detenida a la salida de una tienda. Esposado lo subieron a un vehículo donde fue golpeado mientras lo interrogaban y lo pretendían obligar a que identificara como culpables a dos sujetos que no conocía.
Como no atendió a las exigencias fue conducido a unas instalaciones militares donde se encontraba personal del ejército que le dieron toques eléctricos, lo colgaron de las manos y lo golpearon con un bate mientras lo seguía interrogando. “Posteriormente llegó una persona y le preguntó si conocía a la segunda víctima de estos hechos, lo cual negó. Después, un militar “le introdujo su rifle en la boca… para después sacar el cañón del arma de un jalón, tirándole un diente y otro más lo perdió días después”.
En cuanto a la segunda víctima fue detenido afuera de su domicilio por miembros del ejército quienes lo trasladaron a un cuartel militar donde fue torturado. Con un trapo en el rostro, le tiraban agua “amenazándolo para que confesara delitos de robo, homicidio y secuestro. Le ponían cinta canela en el rostro y se la arrancaban con fuerza. Uno de los militares “lo pateó en los testículos” y le dieron “toques eléctricos en el cuello y con una especie de martillo de goma le daban golpes en la cabeza”.