Buenos Aires. Movilizaciones, cartas públicas con miles de firmas de dirigentes políticos, sindicales y sociales, abogados, intelectuales y organismos de derechos humanos demandaron ayer la libertad inmediata de Milagro Sala, la líder de la organización Tupac Amaru, de Jujuy, quien fue ilegalmente detenida el 16 de enero de 2016, con el argumento de que estaba al frente de una manifestación que reclamaba al gobernador, Gerardo Morales, de la derechista alianza Cambiemos, por sus derechos, cuando ya había comenzado la persecución política, que caracterizó al gobierno del ex presidente Mauricio Macri (2015-2019).

Fue víctima de la guerra judicial (lawfare) al detenerla, a pesar de que había sido elegida diputada del Parlamento del Mercado Común del Sur, y junto ella una decena de integrantes de la Tupac Amaru, la mayoría mujeres pobres, que junto a Milagro Sala, habían logrado construir un barrio modelo para más de 3 mil familias, con centros de salud, escuelas, cooperativas de trabajo en una provincia del noroeste argentino donde la injusticia social, la pobreza y la discriminación contra los pueblos originarios es una realidad cotidiana.

El gobernador Morales ha conformado una justicia administrada por sus allegados y cómplices que mantienen la impunidad, y han impedido los juicios contra empresas y personajes importantes que ayudaron activamente a la pasada dictadura militar (1976-1986).

El maltrato recibido por Sala llevó a denuncias ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuyo veredicto nunca fue cumplido por Morales y se armaron 11 causas, sin pruebas, para mantener a Milagro presa eternamente, a pesar de los reclamos no sólo a nivel local sino también internacional. Sólo se pudo lograr que Milagro fuera trasladada a prisión domiciliaria cuando su vida estaba en peligro, pero con un entorno amenazante.

Un grupo de abogados y trabajadores de la justicia organizados en el movimiento Palabra Justa, pidió la intervención del Poder Judicial de Jujuy, señalando al gobierno de Morales. Son importantes dirigentes, que además participan en el oficialista Frente de Todos, que unificó a sectores antes enfrentados del peronismo. Entre ellos están la abogada Graciana Peñaflor, destacada defensora de causas justas y del ex canciller Héctor Timerman, acusado ilegalmente por Cambiemos y su sector de la justicia adicto, que conforman la “mesa judicial, creada bajo la presidencia de Macri.

También están en Palabra Justa Juan Grabois, dirigente de organizaciones sociales, el diputado oficialista Rodolfo Tailhade y otras importantes figuras políticas. “Entendemos que existen suficientes fundamentos jurídicos, políticos e institucionales para la procedencia de una intervención federal del Poder Judicial de la provincia de Jujuy por parte del Congreso”, afirman en su comunicado, en el cual señalan a diferentes magistrados, a los que acusan de que la estructura judicial es parte del poder político y consideran “imperioso compartir con la ciudadanía información que revela la estructura de poder corrompido que describe a la justicia jujeña y pone en evidencia las influencias y manejos discrecionales en manos de Gerardo Morales”.

Exigen la liberación de Milagro Sala y otras detenidas políticas y el cese de la persecución a la militancia, recordando que el 17 dediciembre de 2015, siete días después de asumir Macri, el gobernador aprobó la conformación del Superior Tribunal de Justicia, integrado por nueve integrantes, de los cuales algunos fueron parte de los legisladores que votaron dicha nueva composición. Es decir, eran diputados de la Unión Cívica Radical que respondían al mandato de Gerardo Morales. También creó otros organismos que son inconstitucionales.

“Es clave remarcar que crear órganos y funcionarios especiales para perseguir a referentes de organizaciones u opositores debe ser penado por la Constitución ya que viola todos los principios y garantías procesales más elementales, no respetando la justicia, la democracia o la igualdad ante la ley”, afirman.

Fiinalmente, en una carta solicitada publicada en Página/12 firmada por políticos, intelctuales y profesionales encabezada, entre otros, por el premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, Estela de Carlotto, Taty Almeyda, Nora Cortiñas (de Abuelas y Madres de Plaza de Mayo respectivamente), manifiestan su total repudio “ante la persecución y el hostigamiento que viene sufriendo Milagro Sala”, advirtiendo que su detención es “arbitraria e ilegal”.

Más adelante sostienen que el caso de “la líder de la Tupac Amaru se constituyó en el laboratorio de lo que fue el lawfare en Argentina y que implicó una verdadera asociación ilícita promovida con recursos del Estado para perseguir y encarcelar dirigentes políticos, sociales y sindicales, como se evidencia cada día con mayor fuerza en nuestro país, con los hechos que salen a la luz pública”, en referencia al armado de causas judiciales durante el gobierno de Mauricio Macri. Denuncian que aún hay otros siete presas y presos políticos de la Tupac Amaru, la organización social que “más ha hecho para garantizar los derechos de los vulnerables”.