Sin menoscabo ni desmedro de los incrementos al salario mínimo, debemos reconocer que el país vive una tragedia laboral que se desdobla: por una parte, un pésimo empleo, por su calidad y nivel medio de remuneraciones y, por otra, una “brecha laboral” conformada por los subempleados, los que no buscan empleo y los desempleados abiertos, de grandes proporciones y desconocidas repercusiones.

De estos temas y problemas debería estar llena la agenda de partidos y legisladores, simplemente porque son los derechos fundamentales de muchos millones de mexicanos los puestos cotidianamente en entredicho. Pero no ocurre así.

La agenda de la política y del Estado, definida sin consulta ni apelación alguna por el Ejecutivo, tiene otros rumbos, otros contenidos, otros objetivos. Algunos de ellos de baja estofa y corta mirada, donde los han ubicado algunos desatinados políticos y parlamentarios que quieren llevar a la cárcel a seis consejeros del INE.

Despropósito ominoso, nada menos que por parte del presidente de la Cámara de Diputados; diarias embestidas del presidente López Obrador; campañas permanentes y vergonzosas contra el INE; en fin, toda una cruzada contra el edificio electoral democrático construido a lo largo de 30 años, con propósitos no expresos, pero con implicaciones bien identificables: (re)centralizar el poder de decisión política en el Ejecutivo, minar las capacidades del órgano constitucional electoral autónomo, quitar del camino a los que, desde la Presidencia, se califica como enemigos del proyecto de transformación. Y, lo más reciente: un delirante “plan” de austeridad para el INE, tal es el panorama en estas primeras semanas de año.

Sin menospreciar sus impactos más lejanos sobre las estructuras y el entramado de la democracia plural y representativa con que contamos, las querellas largamente cultivadas y, al final, mitificadas, ahora desem-bocan como afluente envenenado en el río de esa tan confusa como difusa transformación que sólo los exegetas más obtusos se atreven a calificar de necesaria o productiva para el país y su democracia.

Mala señal para la nación aquí y ahora. Peores horizontes para un futuro que muchos queremos de prosperidad y protección sociales, pero que el gobierno y su coalición parecen empeñados en negar por la vía más corrosiva de que tengamos memoria.

El abuso de la memoria desde el poder se ha vuelto práctica permanente y recurso bastardo para adquirir una legitimidad que a diario se deteriora por los abusos que se hacen de ella. Reinventar la historia para justificar excesos de autoridad y abusos del propio poder, obtenido legítimamente en las urnas, no puede conformar espacio ninguno para reproducir el mando conforme al canon democrático establecido. Ésta es la coyuntura emponzoñada a que nos lleva la Cuatro-T sin advertir lo que estas campañas de erosión de instituciones y convenciones, entendimientos y compromisos entre los actores políticos, implican para su propio futuro. Se deteriora el respeto ganado en años de entrega a una política popular considerada por muchos como auténtica y en efecto transformadora y se abre un espacio de (in)definiciones constitucionales, donde irremediablemente campeará la ilegalidad como uso y costumbre y se abrirá paso al más descarado ejercicio del otro poder, el que viene de la fuerza abierta y que se mantiene como monopolio descarado del crimen organizado.

La República sin piel ni máscara; las mediaciones para la conversación pacífica y civilizada por los suelos y sus agentes bajo tierra o trasterrados.

No pueden ser estas reflexiones propias de arranque de un año con esperanzas de mejoría en la salud y hasta en la economía. Pero se ha abusado del mito y su memoria; de la historia y sus registros; del poder y sus lecciones. Un desastre.