Buenos Aires. El gobierno del presidente Alberto Fernández enfrenta una dura campaña de los medios de comunicación alineados con la derecha opositora con la complicidad de un sector de jueces que integran la llamada “mesa judicial”, a la que se suma la Corte Suprema.
Lo que trasciende viola todos los límites éticos y constitucionales, pues se intenta encubrir el escándalo provocado por la denuncia documentada por videograbaciones de una reunión entre funcionarios de la ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, empresarios y altos funcionarios de la Agencia Federal de Inteligencia en la que se habló de la necesidad de crear una “gestapo” para destruir a los sindicatos.
El fortalecimiento de la guerra sucia de los días recientes responde también al hecho de que se siguen encontrando documentos sobre espionaje ilegal, cuyo fin era perseguir a los opositores, extorsionar y amenazar a jueces, empresarios, periodistas, así como a dirigentes sociales con la intervención de la Agencia Federal de Inteligencia, en uno de los mayores escándalos del gobierno del ex presidente Mauricio Macri.
La semana también estuvo marcada por las duras negociaciones por la deuda adquirida por Macri con el Fondo Monetario Internacional que le adjudicó en 2018 un crédito de 57 mil millones de dólares, a sabiendas de que el gobierno de Cambiemos estaba en crisis, tras haberse endeudado con 200 mil millones de dólares.
También en estos momentos intentan rearmar la causa por el atentado criminal contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) en julio de 1994, acusando al gobierno de Fernández y al canciller argentino Santiago Cafiero por la presencia de un delegado iraní Mohsen Rezai: un alto funcionario del gobierno de Irán quien estuvo presente en la reciente asunción del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, con grandes titulares, en los diarios Clarín, La Nación, Infobae y otros.
Esto ocupó las primeras planas que señalaron que el embajador argentino en Managua, Daniel Scioli, también estuvo presente en la toma de poder de Ortega. La presión de los medios llevó a la cancillería a enviar una nota de protesta a Nicaragua, aunque cualquier país tiene el derecho de invitar a quien quiera a estos actos.
Cabe recordar que Estados Unidos e Israel culparon siempre a Irán del atentado contra la AMIA de 1994, pero los servicios de inteligencia y las embajadas de ambos países han obstaculizado todas las investigaciones tanto sobre este atentado como el cometido en la embajada de Israel en Buenos Aires en 1992.
Hasta ahora, no hay ninguna prueba concreta y la investigación se enredó tanto que se cerró la causa AMIA que estaba a cargo del juez Juan José Galeano (hoy procesado) en la que hubo irregularidades evidentes, como el pago de 400 mil dólares por un testimonio falso involucrando a policías y a iraníes en el ataque.
En 2005 el caso se cerró y el entonces presidente Néstor Kirchner puso a la cabeza de una nueva causa para esclarecer el atentado al fiscal Alberto Nisman, cuyo suicidio fue utilizado por la oposición en enero de 2015, para acusar de asesinato a la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner.
En otro tema relacionado, el diario La Nación publicó hace dos días un artículo editorializado en que avaló el actuar del ex secretario de Seguridad del gobierno del ex presidente Fernando de la Rúa, Enrique Mathov y el comisario Rubén Santo, ambos condenados por la represión contra los manifestantes de 2001, la cual dejó 39 muertos y decenas de heridos.
Los familiares de víctimas y sobrevivientes de la represión institucional de esos días repudiaron en un comunicado este editorial, en el que sostienen que “después deun largo juicio y más de 20 años de proceso judicial en el que fueron desacreditadas las declaraciones de Santos y Mathov, resulta inaceptable que se le pretenda dar crédito a esas falsedades como si nada hubiera pasado”.
El rechazo es generalizado, además, porque esta nueva versión de La Nación intenta acusar la caída del ex presidente Fernando de la Rúa como un golpe de Estado del peronismo.
