El Instituto Nacional Electoral (INE) ha verificado en la lista nominal, de manera preliminar, 2 millones 363 mil 459 firmas de apoyo para llevar a cabo la revocación de mandato, lo que representa 85.69 por ciento de las 2 millones 758 mil 227 que se requieren.

Del total de apoyos verificados hasta el 13 de enero, un millón 85 mil 51 se recabaron por la aplicación del INE y un millón 278 mil 408 en formato papel.

Además, de acuerdo con el reporte de avance de la revisión de firmas, suman ya 19 estados los que han alcanzado el umbral de 3 por ciento de respaldo ciudadano en sus listas nominales, por lo que rebasa la dispersión territorial que exige la ley: Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Colima, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Guerrero, Hidalgo, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala y Zacatecas.

Otras de las entidades que están cerca de alcanzar ese umbral son Baja California (95.17 por ciento) y Veracruz (71.49). Los estados con menos porcentaje son Jalisco (9.09), Guanajuato (12.29) y Coahuila (13.43 por ciento).

Respecto a los registros con inconsistencias, éstos suman 608 mil 304, de los cuales 296 mil 980 son apoyos obtenidos mediante la aplicación móvil del INE y 311 mil 324 en formato papel. Entre las irregularidades advertidas están duplicación, datos no encontrados, firmas, fotos o credenciales no válidas y bajas en el padrón electoral.

Ayer, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, realizó un recorrido por las instalaciones donde se resguardan los apoyos recibidos en papel. Afirmó que la democracia no se detiene, se recrea todos los días “y llegó para quedarse, pues tiene quien la defienda”.

Por otra parte, el consejero suplente del Poder Legislativo ante el INE, Hamlet García (Morena), solicitó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que rechace el requerimiento “inconstitucional” de ampliar el presupuesto al instituto.

García consideró que el INE “no ha realizado un esfuerzo por un ajuste interno, como se lo instruyó la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y la Secretaría de Hacienda no está obligada a otorgarle mayores recursos”.

Acusó que los consejeros del instituto “actúan con frivolidad, viven en otra realidad en la que confunden sus privilegios con ‘derechos’”. Dentro de los ajustes internos “está lo que deberían realizar que es reducir sus bonos, sus salarios exorbitantes, los aguinaldos estratosféricos, el pago de servicio de seguro de gastos médicos mayores privado que tienen, cuando el salario del que gozan, casi 300 mil pesos al mes, les alcanza para que se lo paguen ellos”.