Otorgar recursos adicionales al Instituto Nacional Electoral (INE) para la realización de la consulta de revocación de mandato afectaría el presupuesto destinado a los programas sociales, aseguró el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández. “Pues ni modo que vayamos a reducir o a detener, por ejemplo, la entrega (de apoyos) a adultos mayores”, dijo.

Tal como lo hizo el jueves, destacó ante la prensa que no hay margen en el Presupuesto de Egresos de la Federación para dar al organismo los mil 738 millones de pesos que solicita. “El Presupuesto está muy acotado”.

El plan de austeridad para el INE, elaborado por el gobierno, no plantea recortes de personal, sino ajustes, como la eliminación de gastos médicos de funcionarios, prestación que no tiene razón de ser. “Si somos trabajadores al servicio del Estado tenemos derecho a recibir atención médica en el Issste”, señaló.

Y si bien dijo que el gobierno respeta las expresiones de los consejeros electorales, argumentó que el plan en referencia se basa en un trabajo profundo para que por la vía de la austeridad el INE disponga de casi 3 mil millones de pesos, en todo caso, para la realización de la consulta, misma que “es deber constitucional” del organismo.

“Entonces, no está a discusión que tenga que llevarse a cabo el ejercicio de revocación de mandato”, sostuvo.

En la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional que desde el martes encabeza en representación del presidente López Obrador, se preguntó al funcionario su opinión acerca de las advertencias emitidas por algunos consejeros electorales, en el sentido de que si la consulta no se hace correctamente será por falta de recursos.

“Raíz de todos los males es el amor del dinero, dice la palabra”, respondió.

Es así, agregó, que el INE tiene la responsabilidad de instalar las casillas necesarias, de desarrollar este ejercicio en los términos de ley. “Son ellos los que tienen que, en este caso, rendir cuentas al final de la jornada y asumir la responsabilidad que tienen como titular o como consejeros de hacer las cosas bien”, expresó.

También se le comentó sobre algunos de los gastos ordinarios del INE (mismos que el presidente López Obrador ha calificado en distintas ocasiones de superfluos), el secretario de Gobernación fue enfático en que nunca se ha propuesto despedir a trabajadores o eliminar las prestaciones de ley, pero sí un ajuste acorde con la política de “austeridad republicana” actual de los funcionarios públicos, así como suspender las construcciones no necesarias y que se elimine “ese bono por participar o por trabajar los días de la elección”.

El funcionario público, recalcó, debe tener sobre todo autoridad moral y cumplir a todos los ciudadanos. Es así que rechazó que desde el gobierno federal o de parte del Presidente de la República haya una campaña contra el INE.