El pasado 10 de enero, el Congreso Nacional Indígena (CNI) y el Concejo Indígena de Gobierno (CIG) dieron a conocer que un juez federal del estado de Puebla otorgó una suspensión provisional al acuerdo presidencial emitido el 22 de noviembre 2021, que declara los proyectos del gobierno federal de interés público y seguridad nacional.

Este acuerdo-decreto presidencial que objetan los pueblos y comunidades indígenas del CNI, así como también organizaciones ambientales y sociales, es profundamente preocupante. Además de declarar los proyectos y obras del gobierno de interés público y seguridad nacional, instruye a las dependencias oficiales a contestar la solicitud de licencias para obras en cinco días y si no hay autorización provisional expresa, se entenderá en sentido positivo. Esa autorización sería válida por un año hasta obtener la definitiva. Es evidente que en cinco días no se pueden realizar las consultas ni estudios de evaluación ambiental establecidos en las leyes, por lo que el acuerdo presidencial se erige como legislador por arriba de éstas y viola las leyes existentes.

Una de las consecuencias más graves es que el despojo y ocupación de tierras por obras y los impactos sobre la tierra, agua y bosques que se hagan en ese año –aun cuando hipotéticamente la autorización fuera negada– serán irreversibles. Declarar los proyectos como seguridad nacional, allana además el camino para la represión por parte de instancias policiales y militares contra la defensa de quienes han estado en sus territorios desde muchos años y siglos antes que este gobierno y anteriores.

La suspensión provisional ahora otorgada por un juez en Puebla fue en respuesta a uno de 17 amparos que han presentado pueblos y comunidades participantes en el CNI, en los estados de Jalisco, Querétaro, Puebla, Morelos, Veracruz, Oaxaca, Campeche, Quintana Roo, Yucatán y Ciudad de México (https://tinyurl.com/465yt4ek).

Pese a la enorme trascendencia e impactos potenciales del acuerdo y pese a que significa una flagrante violación de derechos indígenas y leyes ambientales ­–el CNI lo define como “una profunda aberración jurídica”– en la mayoría de los otros casos los jueces se declararon incompetentes o directamente desecharon las solicitudes, mientras algunos han pedido aclaraciones interminables. A los impactos del propio acuerdo, se suma así la obstrucción de acceso a la justicia.

En su conferencia de prensa, el CNI remarcó que el proceso es similar a lo que han sufrido con los amparos presentados contra los megaproyectos que se propone blindar este acuerdo, como el mal llamado Tren Maya y el Proyecto Integral Morelos. La construcción de esos y otros megaproyectos insignias del gobierno, como el Corredor Transístmico, se han instalado sin procesos de consulta legítimos, lo cual además de la violación al derecho de consulta y consentimiento previo, libre e informado al que tienen derecho los pueblos y comunidades tanto en la legislación nacional como internacional, se agrega la construcción de conflictos y división dentro de las comunidades por las farsas de consulta y la promesa de supuestos beneficios que el gobierno alega, pero no permite que los pueblos discutan en sus propios términos.

Si bien algunos empresarios y oposición partidaria al gobierno también han criticado este acuerdo-decreto por motivos políticos y de lucro, es absurdo que se pretenda meter en la misma bolsa a quienes defienden sus territorios y sus derechos.

En realidad, para los empresarios y gobiernos estatales, este acuerdo es un regalo que sienta precedente de cómo evitar respetar las (de por sí ya débiles) leyes ambientales, los derechos indígenas y derechos humanos, así como el derecho a la información. Algunos ahora cuestionan este decreto del gobierno –quienes aún no se han posicionado para lucrar con los megaproyectos–, pero sin duda se preparan para usar este mismo recurso o exigir que no sólo se aplique a algunos empresarios o solo a proyectos públicos, o –de parte de gobiernos estatales, como alguno ya manifestó– para aplicar decretos similares en los estados.

El acuerdo no se refiere solamente a los megaproyectos insignia, sino que la gran amplitud de proyectos incluidos en él (“comunicaciones, telecomunicaciones, aduanero, fronterizo, hidráulico, hídrico, medio ambiente, turístico, salud, vías férreas, ferrocarriles en todas sus modalidades, energético, puertos, aeropuertos, y otros sectores prioritarios y/o estratégicos”) significa una debacle sin confines. Señala Ramón Vera Herrera en Ojarasca 296, se trata de “una declaración de guerra a los pueblos originarios y las comunidades campesinas y urbanas de este país que defienden sus territorios contra los embates de mineras, de empresas que los roban o contaminan el agua, que deforestan sus entornos, que acaparan la tierra y los expulsan con violencia y han denunciado repetidamente que este gobierno ha permitido estos agravios” (https://tinyurl.com/mbs2vtvj).

Defensa que también sostenían contra anteriores gobiernos, que promovían varios de los mismos megaproyectos. Por las gravísimas consecuencias que conlleva, es urgente detener este acuerdo.

* Investigadora del Grupo ETC