En los tiempos del desarrollo estabilizador, los políticos y altos funcionarios del régimen podían, si lo deseaban, darse una vida de lujos, amparados en una perfecta opacidad. Podían gastar sin límite y no eran muchos los que se resistían a la posibilidad de meter mano al erario a discreción. En la información oficial y pública sus percepciones eran tan modestas como inverosímiles: había pudor y sobre todo, había hipocresía. Pero en los tiempos de la transparencia neoliberal –sobre todo, a partir de Zedillo y de Fox– la hipocresía fue remplazada por el cinismo y los salarios de 200, 300, 400 mil pesos o más fueron legalizados y normalizados. En consonancia con esa ideología, esa clase de percepciones, complementadas con bonos, seguros privados, gastos de alimentación, vehículos y gasolina con cargo al erario, así como jubilaciones, “bonos de partida” y aguinaldos millonarios, fueron presentadas como decentes y hasta deseables. Cualquiera que se atreviera a reclamar por semejante frivolidad en un país con la mitad de su población en pobreza era automáticamente descalificado como demagogo, populista, elemental o mezquino.
Esta nueva modalidad de corrupción legalizada se extendió, además, a la contratación con sueldos escandalosos de enjambres de adeptos, amigos, comadres, compadres, socios y cómplices, y para ello se crearon a lo largo y ancho del aparato burocrático –ya incluidos para entonces los organismos autónomos– coordinaciones, asesorías y direcciones y subdirecciones perfectamente inútiles para efectos de la administración pública, pero utilísimas en la función de agrandar el pastel y mantener cohesionada a la mafia bipartidista que se había ido conformando a partir del fraude de 1988.
Esa casta terminó por creerse la ficción de país y de sociedad que ella misma había inventado y no es de extrañar que hasta la fecha muchos de sus integrantes defiendan a capa y espada la pertinencia de tener cúpulas institucionales podridas en dinero en una nación plagada de carencias. “Las competencias profesionales cuestan”; “en la iniciativa privada ganaríamos más”, suelen decir cuando se les cuestiona la moralidad de semejantes prácticas. Y cuando no encuentran escapatoria, se escudan en la ley.
Ciertamente, lo inmoral no siempre es ilegal, pero no existe en las leyes del país ninguna cláusula que ordene al Instituto Nacional Electoral destinar más de 31 millones de pesos para un servicio de comedor con seis chefs, un nutriólogo y 75 personas para que coman sus funcionarios, los cuales reciben adicionalmente un bono mensual para alimentos de casi 12 mil pesos; no hay leyes laborales que obliguen al empleador a contratar costosos seguros de gastos médicos mayores para sus altos ejecutivos, entre muchas otras de las prebendas que los directivos del INE se otorgan a sí mismos, ni existe una disposición que justifique un gasto de 25 mil pesos por casilla instalada, como han pretendido hacerlo Lorenzo Córdova Vianello y su grupo.
En suma: lo que el INE ha estado defendiendo no es la viabilidad de realizar la consulta de revocación de mandato prevista para este año, y mucho menos su propia viabilidad. La exigencia de que le fueran asignados 3 mil 800 millones de pesos adicionales a los más de 19 mil millones que quedaron estipulados en el PEF para 2022 deriva de una visión según la cual los altos empleados públicos son merecedores a un tren de vida aristocrático y sin limitación alguna. Si después de todas sus frivolidades sobra algo de dinero, en lugar de devolverlo al erario lo guardan en fideicomisos para distribuirlo entre ellos mismos, como ha sido práctica en el Poder Judicial y en el propio INE.
A contrapelo del Poder Legislativo, en resistencia a los exhortos del Ejecutivo y con una sentencia del Judicial en contra de sus pretensiones, la directiva del INE presentó una petición de ampliación de presupuesto ya no por 3 mil 800, sino “sólo” por mil 738 con el pretexto de la consulta de revocación. Lo que al parecer no esperaba es que la Presidencia le respondió con una documentada sugerencia de ahorros por 2 mil 972 millones, basada en las cifras de gasto del propio organismo electoral. Es decir, Córdova Vianello y sus valedores fueron por lana y salieron trasquilados.
Aún está pendiente la respuesta formal –y fundamentada, según el requerimiento judicial–, de la Secretaría de Hacienda; puede darse por descontado, como ya adelantó el secretario de Gobernación, que la réplica apuntará a las prioridades del gobierno en materia de programas sociales e infraestructura, pero acaso también a la obesidad presupuestal del INE y a la viabilidad de prescindir de ella para destinar los recursos liberados a las funciones constitucionales sustantivas del organismo.
Y el berrinche de Córdova Vianello, Ciro Murayama y otros es proporcional a la suma que ya no podrán dilapidar.
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