En menos de un año, Estados Unidos ha aplicado a México dos sanciones en materia pesquera, una debido a que embarcaciones camaroneras carecían de excluidores de tortugas, la cual se resolvió por la intervención de la cancillería, y la segunda la enfrentará a partir de febrero, establecida por el paso ilegal de lanchas de Tamaulipas para pescar en aguas de esa nación.

A este escenario se suma el hecho de que el miércoles el Comité de Finanzas de Estados Unidos envió una carta a la representante comercial de Estados Unidos, Katherine Tai, expresando su preocupación, porque México ignora las obligaciones asumidas en el marco T-MEC, al fallar en el establecimiento de prácticas de pesca sostenible, combate a la pesca ilegal y conservación de especies marinas, requisitos indispensables para que México pueda seguir exportando productos pesqueros a ese país, principal socio comercial en el sector, señaló la organización Oceana.

En tanto la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca) no se ha pronunciado sobre la sanción en puerta y su titular, Octavio Almada, a través de su cuenta de Twitter informó el miércoles por la noche que dio positivo a covid-19. El funcionario participó en forma presencial el 11 de enero en el sorteo de la Lotería Nacional alusivo a la pesca y acuacultura.

Oceana sostuvo que el cierre de puertos a las embarcaciones del Golfo de México que anunció la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos a partir del 7 de febrero, afectaría a todas las personas de la cadena de valor de los productos pesqueros, desde quien pesca y los transporta, hasta los que comercializan. Agregó que desde 2015 la nación aparece en reportes de Estados Unidos sin avances significativos para evitar la pesca ilegal.

Recordó que en abril de 2021 el país perdió la certificación para exportar camarón a Estados Unidos debido a que algunas embarcaciones carecían de dispositivos excluidores de tortugas, la cual recuperó hace tres meses, tras la intervención de la cancillería y la embajada de México en Estados Unidos.

Es necesario que el gobierno mexicano participe en el combate a la pesca ilegal y la protección del sector pesquero que representa empleos e importantes ingresos para la economía, sostuvo Mariana Aziz, directora de Transparencia en Oceana México. Consideró que “la trazabilidad puede permitir conocer el trayecto de los productos pesqueros desde el barco hasta nuestros platos”.