Entre diciembre de 2006 y junio de 2019 en México fuerzas militares y policiacas cometieron sistemáticamente tortura, una parte de las cuales están consignadas en 166 recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que involucran a 642 personas que padecieron esa práctica, denunció Graciela Rodríguez Manzo, de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos.
Insistió en que la Corte Penal Internacional debe dar entrada a los recursos promovidos por esta organización, la Federación Internacional de Derechos Humanos e Idheas Litigio Estratégico. Estas agrupaciones denunciaron que en México la tortura ha permanecido impune. Refirieron que en los albores de este sexenio se formalizó una petición para que se investigara y enjuiciara a los responsables de estas prácticas, incluida la cadena de mando y la única respuesta fue de la Secretaría de la Función Pública: las responsabilidades administrativas ya prescribieron.
Rodríguez destacó que las cifras acumuladas de desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y tortura son “escalofriantes”. Señaló que en el expediente entregado a la CPI se acredita la sistematicidad de esta práctica para apuntalar la estrategia de seguridad pública en ese periodo, cometiéndose durante los traslados o incluso ya en las instalaciones castrenses en sus diversas modalidades: tortura física, sicológica o sexual.
Se obligaba a que los detenidos se inculparan e inculparan a otras personas como parte de su pretendida desarticulación de bandas criminales. “Fue un patrón reiterado”, por lo que se encuadra en los estándares internacionales para sancionar la tortura”. Recordó que en 2021 se presentó formalmente un recurso ante la CPI para que emprenda las acciones legales internacionales por este delito ante la pasividad del gobierno mexicano.
La secretaria ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Tania Renaeum, sostuvo que este organismo ha expresado su preocupación por la persistencia de la tortura y desaparición forzada. En 2015, recordó, la CIDH emitió un informe sobre la situación en México subrayando que en ambos casos, el país había alcanzado niveles críticos convirtiéndose en “fenómenos generalizados que permanecen casi en la impunidad”.
Jimena Reyes, de la FIDH, detalló el caso de Nayarit sobre el contubernio entre el gobernador Roberto Sandoval y el fiscal Edgar Vieytia, las fuerzas policiales y armadas, así como las bandas del crimen organizado. En esa administración se dispararon las desapariciones forzadas y torturas, paradójicamente por la instancia a la que se acudía a denunciar: la fiscalía del estado.
