El presidente de la comisión especial del Senado para determinar la existencia de presuntos abusos de autoridad y violaciones al estado de derecho en Veracruz, Dante Delgado, dijo que han recibido 50 expedientes de políticos y ciudadanos encarcelados injustamente en la entidad, la mayoría por el delito de ultrajes a la autoridad, que es inconstitucional.

“Es una acción regresiva y autoritaria”, resaltó, porque basta con que un policía u otra autoridad argumente que fue ultrajada, sin tener ninguna evidencia, para que la persona acusada sea detenida con prisión preventiva.

En conferencia de prensa conjunta con el coordinador del PRD, Miguel Ángel Mancera, denunciaron “otro caso de injusticia” en Veracruz, el del diputado electo Rogelio Franco Castán, quien se encuentra en prisión desde marzo de 2021 con un proceso lleno de irregularidades, como el que se le sigue al secretario técnico de la Junta de Coordinación Política del Senado, José Manuel del Río Virgen.

El senador Delgado precisó que Franco Castán fue secretario de Gobierno de Veracruz, ex dirigente estatal del PRD, y actualmente diputado federal electo, pero se le han prefabricado una serie de delitos, uno de los cuales es el de violencia familar.

Precisó que el diputado Franco Castán estaba amparado frente a una denuncia de violencia familiar, “entre otras razones, porque cuenta con la solidaridad y respaldo de sus hijas y de su familia”, pero pese a ello un dispositivo de más de 20 elementos de seguridad llegó a detenerlo y aunque les mostró el amparo de todas formas se lo llevaron de forma agresiva al penal.

El argumento jurídico que utilizaron es que incurrió en el delito de ultraje a la autoridad, recalcó.

“Se trata de un procedimiento al margen de la ley donde se utilizó el poder público para agraviar a un personaje notorio de la lucha política del estado de Veracruz, que tiene una dimensión importante”, resaltó el senador Dante Delgado. Dijo que los 50 casos recibidos serán claramente documentados.

“No se busca agraviar o incomodar a ninguna institución, sino impedir que haya violaciones al estado de derecho y a los derechos humanos de la ciudadanía de la entidad”.

Por su parte, el senador Mancera explicó que en muchos de esos casos, el ultraje a la autoridad se sustenta en un jaloneo, pero “increíblemente un delito de esta poca monta llevó a prisiones injustificadas, como en el caso de nuestro compañero Franco”.