Bogotá. Al menos 78 defensores de derechos humanos fueron asesinados en Colombia en 2021, cifra que podría aumentar si se comprueban otros 39 casos que están aún en investigación, informó ayer la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh).
La agencia recibió 202 denuncias de asesinatos de defensores de derechos humanos en el país sudamericano el año pasado, de los cuales 85 no fueron concluyentes.
El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, reiteró su preocupación por las amenazas a la consolidación de la paz en Colombia, señaló la Misión de Verificación del organismo multilateral en este país.
La violencia contra los líderes sociales, así como las matanzas de civiles, se convirtieron en uno de los principales problemas para el gobierno colombiano, blanco de frecuentes críticas de la comunidad internacional y de organizaciones no gubernamentales que exigen acciones para frenar las muertes.
En un informe similar publicado en marzo de 2021, la Acnudh documentó de inicio 53 asesinatos de defensores de derechos humanos en 2020, mientras otros 80 casos aún no se habían verificado.
Desde entonces, también se han verificado 41 de los casos pendientes, lo que eleva a 94 el número total de asesinatos confirmados en 2020, reveló la agencia a Reuters.
Las cifras sobre violencia contra líderes sociales y defensores de derechos humanos causan polémica y no coinciden en el país sudamericano de 50 millones de habitantes.
El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) contabilizó 171 líderes asesinados en 2021 en diferentes regiones del país.
Colombia vive un conflicto armado de casi seis décadas que ha dejado unos 260 mil muertos y millones de desplazados en el que participan guerrillas izquierdistas, bandas criminales que surgieron de escuadrones paramilitares de derecha y las fuerzas armadas del Estado.
El gobierno del presidente Iván Duque responsabiliza de los asesinatos de los líderes sociales a la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, a las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que se apartaron de un acuerdo de paz firmado en 2016 y a bandas criminales como el Clan del Golfo, que luchan por el control territorial de zonas estratégicas para el narcotráfico y la minería ilegal.
En otro asunto, un tribunal de Estados Unidos ordenó a la desarticulada guerrilla de las FARC pagar una indeminzación de 36 millones de dólares a Lawrence Delloye, hijo de Ingrid Betancourt, por los daños causados de 2002 a 2008, cuando su madre estuvo secuestrada por el grupo armado.
