La organización Tojil Estrategia contra la Impunidad señaló que la Fiscalía General de la República (FGR) determinó concluir la investigación contra los funcionarios que reclasificaron el delito contra Javier Duarte de Ochoa de delincuencia organizada por el de asociación delictuosa, que le permitió en 2018 reducir su sentencia a nueve años de prisión.
Estefanía Medina, cofundadora y codirectora de Tojil, refirió que hace tres años presentaron una denuncia en la que señalaron que la sentencia posiblemente derivó de un soborno a los fiscales, lo que provocó que el caso del ex gobernador de Veracruz “quedara sin verdad, sin justicia y sin reparación”.
Indicó que de acuerdo con la carpeta de investigación FED/VG/UNAI-CDMX/0000435/2018, la fiscalía acordó “el no ejercicio de la acción penal” contra quienes fueron denunciados por su supuesta participación en actos de corrupción y cohecho, debido a que para la FGR no hubo irregularidades que pudieran constituir un delito ni pruebas que acreditaran la participación de las personas denunciadas.
Medina espera que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) revise el caso.
Duarte de Ochoa fue condenado a nueve años de prisión al declararse culpable de los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa.
Además, el juez Marco Antonio Fuerte Tapia determinó el decomiso (para su posterior venta y entrega de los recursos a la Tesorería de la Federación) de 41 bienes, entre ellos 21 parcelas (que se localizan en Campeche) y 20 inmuebles (casas, departamentos y terrenos) que se ubican en la Ciudad de México, Cancún, estado de México y Veracruz
En 2018, Fuerte Tapia accedió a la petición de la defensa del ex gobernador de dictar sentencia en un juicio abreviado, en la que además de la prisión le impuso una multa de 58 mil 890 pesos a cambio de una pena mínima que puede reducir hasta en 50 por ciento. Por ello, este año podría salir de prisión, aunque tiene pendientes acusaciones de delitos del fuero común.
