Londres. El premier Boris Johnson se disculpó ayer por haber “asistido” a una fiesta en los jardines de la residencia oficial en Downing Street durante una de las etapas de más estricto confinamiento por las que ha pasado Gran Bretaña. Las invitaciones se enviaron desde el correo electrónico de su secretario personal.

El premier ignoró la cascada de llamados a dimitir de la oposición y de las filas de su propio Partido Conservador.

Al comienzo de su sesión semanal con el Parlamento, Johnson admitió haber “asistido” a la fiesta “durante 25 minutos” antes de volver adentro a trabajar en la residencia ubicada en el 10 de Downing Street. Afirmó que se trató de un “encuentro de trabajo” y reconoció que, en retrospectiva, debió haber puesto fin a la fiesta.

La prensa publicó antier un correo del 20 de mayo de 2020 en el cual el secretario particular de Johnson, Martin Reynolds, invitó a un centenar de empleados a “disfrutar de un buen rato” tomando “unas copas guardando distancia social” en los jardines de Downing Street y agregó: “traigan sus propias bebidas”.

El diario The Independent mencionó que fueron invitados cerca de 100 trabajadores, pero sólo asistieron unos 30.

Johnson dio a entender que no tuvo nada que ver con la organización de la fiesta: “cuando fui, a las seis de la tarde del 20 de mayo de 2020, a convivir con grupos de empleados durante 25 minutos para después regresar a mi oficina a seguir trabajando, creí que se trataba de un acto laboral”, aseguró.

No explicó cómo fue que no se enteró de que su secretario envió invitaciones para una fiesta “laboral” en Downing Street, que no sólo es la casa de gobierno, sino también su residencia familiar.

Insistió en que “técnicamente” no se violó ningún protocolo anticovid porque la reunión fue al aire libre, pero ofreció “sinceras disculpas” a los británicos, que en aquel momento tenían “totalmente prohibido encontrarse con sus seres queridos”.

La disculpa no dejó satisfecho al líder la oposición, el laborista Keir Starmer, quien lo acusó de mentir, y sostuvo que debería renunciar como lo hicieron en el pasado colaboradores suyos que infringieron las restricciones por la pandemia. También lo llamaron a dimitir el Partido Liberal Demócrata y el Partido Nacional Escocés.

Pero las exigencias más fuertes vinieron del Partido Conservador. El diputado William Wragg, presidente del comité de Asuntos Públicos y Constitucionales del Parlamento, consideró “indefendible” la postura de Johnson. Agregó que “una serie de errores evitables han sido profundamente dañinos a la percepción que se tiene de la agrupación política”.

El líder escocés conservador, Douglas Ross, dijo haber tenido una “conversación difícil” con el premier, horas antes de su aparición ante el Parlamento, en la que le informó que solicitará al Comité 1922, que organiza las elecciones al líder del partido, que consigne su “falta de confianza” hacia Johnson.

La diputada conservadora Caroline Nokes llamó al premier a renunciar porque “ha deteriorado la imagen del Partido Conservador”.

Una encuesta de la organización YouGov reveló que 56 por ciento de 5 mil 391 adultos creen que el jefe de gobierno debe dimitir.

La impugnación del liderazgo puede desencadenarse si 15 por ciento de los diputados conservadores escriben cartas pidiendo un voto de confianza al presidente del Comité 1922 del partido, que representa a los legisladores que no tienen cargos en el gobierno.

Los conservadores tienen 360 diputados, por lo que tendrían que escribirse 54 cartas para que se convoque un voto de confianza.

Pero hasta ayer nadie ha dicho aún públicamente que haya escrito al presidente del Comité 1922, Graham Brady.

Las cartas son confidenciales, por lo que Brady es la única persona que sabe cuántos lo han hecho en realidad.

Todos los diputados conservadores podrían votar a favor o en contra de su líder. Si Johnson gana, permanecerá en el cargo y no podrá ser impugnado de nuevo durante 12 meses. Si pierde, deberá dimitir y no podrá presentarse a las siguientes elecciones.

Si llegara a perder habría un proceso para decidir quién lo sustituye. Sin embargo, no se convocarían automáticamente a elecciones generales y su sustituto o sustituta se convertiría en premier.

Los dos diputados que se consideran favoritos para sustituir a Johnson son su ministro de Economía, Rishi Sunak, quien ha tenido un papel destacado en las ayudas estatales a la economía durante la pandemia del covid-19, y la secretaria de Relaciones Exteriores, Liz Truss, quien es popular entre los miembros de base del partido.

The Independent informó que la Policía Metropolitana de Londres enfrenta demandas por no haber reportado el festejo en Downing Street.

“Se debe cuestionar a la policía, pues sus agentes seguramente pudieron ver la reunión a través de las cámaras de seguridad. Estaban al tanto del confinamiento y tenían órdenes de disolver cualquier reunión ilegal”, subrayó la integrante de la Cámara de los Lores, Jenny Jones, del Partido Verde, quien afirmó que exigirá explicaciones al cuerpo de seguridad.

Un mando policial de alto rango rehusó comentar para el diario The Independent.

Johnson “trata de idiotas a los británicos al fingir que ‘no sabía que era una fiesta’”, reaccionó Hannah Brady, portavoz de una asociación de familiares de muertos por covid-19.

“Nos entristece y enoja escuchar esto”, declaró Tony Cook al diario County Press, de la isla Wright. “Boris Johnson festejaba mientras que yo no podía ver a mi madre”, relató.

En otro orden, la Suprema Corte británica falló ayer que el gobierno actuó de manera ilegal cuando utilizó un llamado “carril VIP” para la adjudicación directa de contratos millonarios a proveedores de equipos de protección personal durante la primera ola del covid-19 en 2020.

Dos grupos entablaron la acción legal contra el Departamento de Salud y Atención Social, alegando que el uso del “carril de alta prioridad”, reservado para los referidos de legisladores y altos funcionarios, les dio una ventaja injusta a algunos proveedores “gracias a quien conocían, no a lo que podrían entregar”.

Los contratos incluyen uno por valor de más de 464 millones de dólares para la empresa de control de plagas PestFix y otro por 344 millones de dólares para el fondo especulativo Ayanda Capital.