Mientras los titulares de la Unión de Alcaldías gastan millonarios recursos en conferencias de prensa que realizan en lugares privados, sus integrantes panistas –Mauricio Tabe y Santiago Taboada– promueven su ideología de derecha con la realización de pruebas para detectar covid-19 con costo para la gente, reprochó el líder local de Morena, Tomás Pliego Calvo.
En conferencia de prensa, el dirigente informó que su partido cotizó los lugares en los que esa agrupación ha efectuado sus actos, como el Club de Industriales, el foro Quarry Studios, restaurantes y hoteles, cuyo costo podría alcanzar cerca de 1.5 millones de pesos.
“Esa cantidad de dinero equivale a comprar entre 12 mil y 15 mil pruebas de covid-19. Nos parece inaudito, injustificable y vergonzoso que cobren por pruebas y todavía le queden mal a la gente porque muchos no han recibido sus resultados.”
Su partido analiza interponer una denuncia ante la Contraloría local por el cambio de empresas para la realización de pruebas en Miguel Hidalgo y Benito Juárez.
Sobre la renta de recintos privados, llamó a los alcaldes a hacer transparente la información y detallar si se trató o no de una donación y bajo qué términos se realizaron los eventos.
En tanto, la representación local del PAN interpuso una denuncia contra Morena ante el Instituto Electoral local por presunto uso político de programas de gobierno, como la realización gratuita de pruebas covid.
En el Congreso capitalino, la diputación permanente exhortó a Taboada y Tabe a que dejen de lucrar política y económicamente con la venta de pruebas, además de entregar informes de los convenios o licitaciones con las empresas, con copias de sus actas constitutivas, así como las certificaciones de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios sobre los estudios que aplican con valor de 200 a 320 pesos.
La propuesta aprobada de la presidenta de la Comisión de Salud, Lourdes Paz, incluyó un llamado al coordinador del PAN, Damián Von Roerich, para que se abstenga de incurrir en prácticas de infodemia respecto de una presunta escasez de las pruebas que proporciona el gobierno de la ciudad “para justificar y promover los negocios privados” de las alcaldías.
La diputada Valentina Batres refirió que la Corte Interamericana de Derechos Humanos instó a los gobiernos a asumir una posición garante con las personas en situación de vulnerabilidad, “si tanto les preocupa que la gente sepa si está contagiada o no, quiten el candado del cobro y dejen de hacer negocios. Y si les gusta el mercantilismo, dedíquense a eso y no a la política”.
