Ciudad de México. La organización Tojil, Estrategia contra la Impunidad, señaló que la Fiscalía General de la República (FGR) determinó concluir la investigación contra los funcionarios que reclasificaron el delito de delincuencia organizada por el de asociación delictuosa, contra Javier Duarte que le permitió en 2018 reducir su sentencia a nueve años de prisión.

Estefanía Medina, cofundadora y codirectora de Tojil, dijo que hace tres años presentaron una denuncia donde señalaban que la sentencia posiblemente derivó de un soborno hacia los fiscales provocando que el caso del ex gobernador de Veracruz “quedará sin verdad, sin justicia y sin reparación”.

Dijo que de acuerdo con la carpeta de investigación FED/VG/UNAI-CDMX/0000435/2018, la fiscalía acordó, “el no ejercicio de la acción penal” contra quienes fueron denunciados por supuestamente participar en actos de corrupción y cohecho.

Lo anterior debido que para la FGR no hay irregularidades que pudieran constituir un delito, ni pruebas que acrediten la participación de las personas denunciadas. “Por medio del presente y en atención a su escrito recibido vía correo electrónico el día de la fecha, me permito hacer de su conocimiento, que la carpeta de investigación citada al rubro, se determinó en un no ejercicio de la acción penal, en términos de lo dispuesto por el artículo 327, fracción IX, del Código nacional de Procedimientos Penales" señala el oficio firmado por el fiscal Roberto Lara.

Sin embargo, Estefanía Medina espera que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) revise el caso.

Duarte de Ochoa, fue condenado a nueve años de prisión al declararse culpable de los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa. Además, en ese entonces el juez Marco Antonio Fuerte Tapia determinó el decomiso (para su posterior venta y entrega de los recursos a la Tesorería de la Federación) de 41 bienes, entre los que se encuentran 21 parcelas (que se localizan en el estado de Campeche) y 20 inmuebles (casas, departamentos y terrenos), que se ubican en la Ciudad de México, Cancún, Estado de México y Veracruz.

En 2018, el juez Fuerte Tapia accedió a la petición que hizo la defensa del ex gobernador de dictar sentencia a través de un juicio abreviado y en la que además de la condena de prisión se le impuso una multa de 58 mil 890 pesos, a cambio de una pena mínima que le permite reducir hasta en un 50 por ciento, por ello este año podría salir de la prisión, aunque tiene pendientes acusaciones de delitos del fuero común.