Ciudad de México. La Cámara de Diputados notificó al Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa que está en receso y sólo en febrero, al reanudarse las sesiones, podrá cumplir una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que ese cuerpo legislativo apruebe modificaciones a la Ley General de Comunicación Social, informó hoy el presidente de San Lázaro, Sergio Gutiérrez Luna.

Entrevistado previo a la sesión de la Comisión Permanente, que también preside, Gutiérrez explicó que la Cámara de Diputados no ha sido notificada de la resolución del juez Francisco Rebolledo, que apremia a la aprobación de las citadas reformas e incluso declaró que los titulares del Congreso pueden ser sancionados por el desacato, al no cumplir el plazo de diez días que les fijó.

“Lo que en apariencia resolvió el juez es que son 10 días, no nos han notificado, pero ya lo platicamos con ellos y al parecer podrá darse una prórroga, en el entendido de que ellos no estaban enterados, o no es algo cotidiano para ellos, el saber que estamos en receso y que no se puede ahorita aprobar la ley hasta que inicie el siguiente periodo”, respondió el diputado Gutiérrez Luna.

La prórroga para resolver ese tema, heredado del sexenio pasado, es que se conceda al Congreso una prórroga que incluya todo el próximo período de sesiones, es decir, de febrero a abril de este 2022.

A partir de un amparo interpuesto y ganado por la organización Artículo 19, la Suprema Corte ordenó al Congreso de la Unión, en 2017, aprobar una Ley General del Comunicación Social, encaminada a reglamentar la publicidad gubernamental, tal como se estableció en la reforma al artículo 134 Constitucional, promulgada al 2014

El Congreso corrigió esa omisión, con la nueva Ley de Comunicación Social, que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 11 de mayo del 2018 . Sin embargo, la nueva legislación fue objeto de otra solicitud de amparo y la Suprema Corte resolvió que no cumple con lo previsto en la Carta Magna de establecer procedimientos concretos y reglas específicas para garantizar que el gasto en comunicación social cumpla con los criterios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez.

Los ministros consideraron asimismo que la ley otorga una “enorme discrecionalidad” para ejercer el gasto público en difusión y ordenaron a la nueva legislatura modificar la legislación, lo que aún está pendiente en San Lázaro.

Hubo una primera notificación al Congreso, del juez Rebolledo, en noviembre del año pasado y la segunda, en días pasados, en que estableció, dijo, el plazo de diez días para cumplir con la tarea de modificar la Ley General de Comunicación Social, o de lo contrario el poder judicial estaría en desacato y podría ser multado.