Nueva York., En el autoproclamado país campeón de la democracia, el presidente, líderes políticos y defensores de derechos civiles se ven obligados a luchar por el derecho elemental al voto, ante esfuerzos de la derecha para limitar y condicionar el sufragio efectivo.

El presidente Joe Biden ofreció un discurso en Atlanta, donde declaró: “hoy venimos a la cuna de los derechos civiles” para defender “el derecho al voto, y que cuente, esa libertad al umbral de la democracia. Sin eso, nada es posible. Pero con eso, cualquier cosa es posible”.

La meta del ex presidente Trump (dijo, como siempre, sin usar su nombre) y sus aliados “es privar de sus derechos a cualquiera que vota en contra de ellos, tan sencillo como eso…. Tu voto no importará… Ese es el tipo de poder que uno ve en estado totalitarios, no en democracias”.

Afirmó: “yo defenderé el derecho al voto, nuestra democracia, contra todo enemigo, extranjero y, sí, doméstico” y llamó “por el inicio de un renacimiento de nuestra democracia”.

En actos repletos de simbología, el presidente rindió tributo al reverendo Martin Luther King Jr en la ciudad donde fue pastor y lanzó su movimiento, y estuvo acompañado por los hijos de King, así como por otros líderes de derechos civiles nacionales, incluidos los reverendos Jesse Jackson y Al Sharpton, Biden por primera vez llamó por una suspensión de una regla semisagrada en el Senado –que él mismo había defendido durante sus 36 años en la cámara alta– para facilitar la aprobación de una legislación en defensa del derecho al voto.

Dos proyectos de ley para proteger el derecho al voto y el proceso electoral han estado estancados en el Senado después de ser aprobados por la cámara baja. Ambos proyectos –uno nombrado por el recién fallecido diputado federal John Lewis, de Atlanta, también lugarteniente del reverendo King durante los años 60– fueron formulados ante la ofensiva republicana para suprimir el voto y subvertir los procesos electorales durante los últimos comicios presidenciales y que desde entonces se ha expresado a través de decenas de proyectos de ley estatales alrededor del país, los cuales han sido ya promulgados en 19 estados.

Aunque Biden ha apoyado ambos proyectos de ley, críticos afirman que no ha hecho lo necesario por lograr que sean aprobados. Para superar la férrea oposición republicana es necesario anular o suspender una anticuada regla del Senado conocida como el filibuster, que establece que se requieren 60 de los 100 votos para aprobar una ley, y con ello permitir que se apruebe por mayoría simple. El Senado ahora está dividido a la mitad entre ambos partidos, y los demócratas tienen la mayoría sólo porque por ley el vicepresidente del país –en este caso, Kamala Harris– en su papel de presidenta de la cámara alta, puede emitir el voto para romper empates.

Por lo tanto, la declaración de Biden ayer a favor de suspender el filibuster con este propósito fue la noticia, y ahora el líder de la mayoría demócrata de la cámara alta, Chuck Schumer, ha indicado que procederá hacia ese objetivo. Sin embargo, esta movida está entorpecida no sólo por la bancada republicana, sino por dos demócratas, y para que esto prospere se necesita el voto de todos los 50 demócratas.

En los actos en Atlanta fue notable la ausencia de varios líderes de derechos civiles y políticos que criticaron la lentitud y falta de acción de Biden durante el último año para defender el derecho al voto ante la ofensiva republicana.

En vísperas de la gira del presidente a Georgia ayer, cinco organizaciones de derechos civiles de ese estado instaron a Biden a que no fuera de visita sólo con propósitos de relaciones públicas. Recordando que los votantes de dicha entidad lograron un triunfo histórico al superar amenazas y obstáculos de republicanos no sólo con el fin de contribuir al triunfo de Biden, sino para enviar a dos demócratas al Senado –con los cuales ese partido obtuvo la mayoría de la cámara alta–; ahora, en respuesta, esos votantes “están siendo obligados a aceptar trivialidades políticas y repetidas promesas tibias” y afirman que “como líderes y promotores de derechos civiles, rechazamos cualquier vista del presidente Biden que no incluya el anuncio de un plan final para los derechos al voto que se aprobará en ambas cámaras… todo menos que eso es insuficiente y no es bienvenido”.

“Bla, bla, bla. Ya pasó la hora de las palabras, es hora de proteger la franquicia. Costó sangre hacer que los afroestadunidenses obtuvieran la plena ciudadanía. Es hora de usar el poder del estadio para aplastar a la Nueva Confederación (alusión a las fuerzas proesclavistas en la Guerra Civil)”, comentó José LaLuz, veterano organizador social latino e integrante de la comisión política nacional de los Socialistas Democráticos de Estados Unidos, entre el coro de voces progresistas que critican la demora de Biden y su equipo en tomar acciones firmes y decisivas ante la ofensiva republicana.

La amenaza de supresión del voto y subversión del proceso electoral sigue creciendo, nutrida por el ex presidente Donald Trump y el liderazgo republicano en varios estados. Según un análisis del Washington Post, por lo menos 163 republicanos que impulsan la falsa narrativa de Trump sobre un fraude inexistente en las últimas elecciones están compitiendo por puestos estatales donde tendrán autoridad sobre el manejo del proceso comicial.

La gira por Atlanta, en la cual la vicepresidenta Harris acompañó a Biden, fue programada para lanzar esta contraofensiva en defensa del derecho al voto, justo al concluir una semana en la cual se convocó al público a la defensa de su democracia al marcar el aniversario de la intentona de un golpe de Estado de legisladores, asesores y simpatizantes de Trump que culminó con el asalto al Capitolio.

Mientras se debatía el futuro de la democracia y el sufragio efectivo, el gobierno de Biden anunció la creación de una unidad federal dentro del Departamento de Justicia dedicada a enfrentar al terrorismo doméstico. “Enfrentamos un riesgo elevado de extremistas violentos domésticos”, afirmó Matthew Olsen, procurador asistente de la división de seguridad nacional del Departamento de Justicia durante una audiencia en el Senado.