Un tribunal colegiado dio por concluido el juicio de amparo promovido por el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana, y dejó sin efecto el laudo de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) que, dijo, “ilegalmente” los obligaba a pagar 54 millones de dólares por presuntos adeudos con trabajadores. Dicho laudo había sido emitido por “intereses políticos y corruptos”, agregó.

Mediante un comunicado, el Sindicato Minero expresó que junto con su dirigente nacional, Napoleón Gómez Urrutia, “condenan el abuso de poder perpetuado por la JFCA”.

La nueva resolución fue tomada por el décimo segundo tribunal colegiado el pasado 7 de enero, al desahogar el amparo DT 912/2018 en contra de la resolución de la Junta que consideraba que el Sindicato Minero aún debía lo correspondiente a 5 por ciento de las acciones pagadas a los trabajadores tras la privatización de la mina de Cananea, en Sonora.

“Esta resolución reconoce el amparo concedido al gremio por el Poder Judicial de la Federación en el pasado, el cual ha sido ignorado en reiteradas ocasiones –siendo ésta la cuarta– por la JFCA. Motivada por intereses políticos y corruptos”, explicó el sindicato.

La controversia se originó tras la privatización de la mina de Cananea, en la que se definió que 5 por ciento de las acciones se debían otorgar a los trabajadores. Después que Germán Larrea, propietario de Grupo México, se negó a pagar, los mineros iniciaron una huelga en 2004 y 15 años después se alcanzó un acuerdo el cual definió que los recursos estarían bajo la rectoría del sindicato.

El año pasado, la Junta emitió un laudo en el que argumentó que había un supuesto incumplimiento de dicho pago por parte del sindicato a los trabajadores por este caso.