Madrid. El 11 de enero de 2002 se construyeron en apenas 96 horas un centenar de celdas en la que hoy es la prisión de máxima seguridad de la base militar estadunidense de Guantánamo, en Cuba, para albergar a los primeros presos enviados desde Afganistán. Hoy, 20 años después, los 39 reclusos continúan a merced de posibles abusos y no hay juicio a la vista para muchos de ellos, contra los que ni siquiera se han presentado cargos.
De los 39 hombres retenidos en Guantánamo, 27 están presos sin que se hayan presentado cargos penales. En el caso de los cinco sospechosos de los atentados del 11 de septiembre recluidos, los procedimientos tienen tantas deficiencias que ninguno de ellos ha llegado a juicio.
Entre los acusados está Jalid Sheij Mohamed, supuesto cerebro de los atentados. Ya son 10 años de audiencias preliminares para un juicio que no comienza.
En el otro extremo, los presos “de bajo valor” son 13. Todos ellos han recibido la luz verde para su traslado, algunos hace años, como Tawfiq al Bihani, un yemení detenido en Irán en 2001 cuya repatriación se recomendó en 2010, pero la oposición de los republicanos en el Congreso, la inercia burocrática y el rechazo de otros países a acogerlo han impedido su salida de Guantánamo.
Según un estudio de la Facultad de Derecho de Seton Hall elaborado a partir de datos del propio Departamento de Defensa, la prisión de Guantánamo ha albergado en total a 780 ciudadanos de terceros países, incluidos menores de edad, de los que 55 por ciento no cometieron ningún tipo de acción hostil contra Estados Unidos o sus aliados. Del total, sólo se ha presentado cargos contra 12 y únicamente dos han sido condenados en juicios militares.
Las instalaciones han mejorado en estos 20 años. De las cien celdas de aislamiento y cinco salas de interrogatorio sin ventanas se ha pasado a bloques de celdas con neveras y despensas comunes.
Desde 2002 han muerto nueve internos
En los 20 años de funcionamiento de la prisión han muerto nueve internos, siete de ellos en aparentes casos de suicidio. Es el caso de Yasir Talal al Zahrani, un adolescente saudita capturado en 2002 en Afganistán que apareció muerto en su celda cuatro años después. Su familia insiste en que no se suicidó.
Sin embargo, el centro enfrenta el riesgo de convertirse en un geriátrico muy rudimentario en pleno Caribe y son cada vez más las muertes por causas naturales. El Pentágono ha solicitado 88 millones de dólares para construir un hospital para enfermos terminales, según reveló The New York Times en abril.
Además, aliados de Estados Unidos como Irak, Nigeria, Egipto o las fuerzas del noreste de Siria “han reproducido el modelo Guantánamo” con miles de detenidos en condiciones lamentables por presuntos delitos de terrorismo sin cargos ni juicio. Entre los arrestados hay miembros de la sociedad civil, familiares de sospechosos y menores de edad víctimas ellos mismos de los grupos armados.
Tres de los cuatro últimos presi-dentes de Estados Unidos han decla-rado abiertamente su intención decerrar Guantánamo, con la excepción de Donald Trump, pero lastrabas de la oposición en el Congre-so y la falta de voluntad clara por su alto costo político han impedido que cumplieran sus promesas.
Ayer un grupo de 10 expertos de la Organización de Naciones Unidas ONU pidió a Estados Unidos cerrar finalmente el sitio, donde “se han violado de manera implacable los derechos humanos. Veinte años de practicar la detención arbitraria sin juicio acompañada de tortura o maltratos es simplemente inaceptable para cualquier gobierno que se haya comprometido a defender los derechos humanos”, indicaron en comunicado.
