Washington. Estados Unidos y la Unión Europea (UE) anunciaron ayer, en una acción coordinada, nuevas sanciones contra funcionarios de alto rango del gobierno nicaragüense, ligadas a las elecciones de noviembre, horas antes de que Daniel Ortega fuera investido como presidente por cuarto mandato consecutivo de cinco años.
El Departamento del Tesoro, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros, dispuso sanciones contra seis mandos nicaragüenses, entre los que destacan miembros del ejército, del Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (Telcor), de la estatal Empresa Nicaragüense de Minería y la ministra de Defensa, Rosa Adelina Barahona Castro.
“El Tesoro está tomando esta medida junto con la UE, que también adoptó hoy sanciones relacionadas con los continuos abusos del régimen de Ortega-Murillo que continúa subyugando la democracia mediante elecciones falsas, silenciando a la oposición pacífica y reteniendo a cientos de personas como presos políticos”, dijo el subsecretario de Terrorismo e Inteligencia Financiera, Brian E. Nelson, citado en un comunicado oficial.
Washington restringirá visado a 116 personas
El secretario de Estado, Antony Blinken, anunció que adicionalmente a estas sanciones Washington tomará medidas para imponer restricciones de visado a 116 personas “cómplices de socavar la democracia en Nicaragua, incluyendo alcaldes, fiscales, administradores universitarios, así como funcionarios de policía, de prisiones y militares”.
Desde finales de 2017 Washington ha sancionado a decenas de funcionarios del gobierno, allegados y familiares de Ortega con el bloqueo de bienes e intereses en Estados Unidos y el retiro de visas.
También le han suspendido los visados a más de un centenar de jueces, fiscales, alcaldes y funcionarios policiales y penitenciarios, así como a sus familiares.
Además, dos hijos de Ortega y de su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, Camila y Laureano, quienes trabajan de asesores presidenciales, destacan entre otros siete funcionarios nicaragüenses sancionados por la UE, por “graves violaciones de derechos humanos, incluida la represión de la sociedad civil, el apoyo a elecciones presidenciales y parlamentarias fraudulentas y por socavar la democracia y el estado de derecho”.
A la lista se incluyó la presidenta del Consejo Supremo Electoral, Brenda Rocha Chacón, y su vicepresidente, Cairo Amador Arrieta; Nahima Díaz, directora del TELCOR; Lumberto Campbell, funcionario del Consejo Electoral, y Luis Montenegro Espinoza, de la Superintendencia de Bancos.
El canciller de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, condenó las más recientes sanciones impuestas por Estados Unidos, a las que calificó de “un intento de injerencia” en los asuntos internos de la nación centroamericana.
En tanto, Ortega trata de equilibrar esos desafíos acercándose a Rusia y a China, pero sin efectuar cambios políticos en lo interno.
