Colima, Col., Por un presunto desvío de 400 millones de pesos en la construcción del edificio del centro de mando C5i, la administración estatal, a cargo de la morenista Indira Vizcaíno Silva, presentó una denuncia penal contra su antecesor, Ignacio Peralta Sánchez.
Esta es la quinta demanda que Vizcaíno interpone contra el ex mandatario priísta por el mismo supuesto ilícito. Las primeras cuatro fueron interpuestas ante la Fiscalía General del Estado y el Tribunal de Arbitraje y Escalafón.
En diciembre pasado, la gestión de Vizcaíno Silva denunció que se basificó ilegalmente a 229 trabajadores del anterior gobierno, pese a que “presupuestalmente no había soporte ni sustento; además, el proceso a partir del cual fueron otorgadas (las plazas) estuvo plagado de vicios y de irregularidades, toda vez que las personas no reunían las condiciones ni los requisitos para entrar en ese esquema”.
Luego se presentó otra querella por la venta de siete inmuebles propiedad del Instituto del Suelo, Urbanización y Vivienda (Insuvi), ubicados en los municipios de Villa de Álvarez y Tecomán.
Una denuncia más fue por la venta de una parcela de más de siete hectáreas en el municipio de Colima, por alrededor de 20 millones de pesos, y la cuarta atañe a la compra de un sistema informático para el control del Insuvi, el cual se contrató para tener un programa que diera una nueva imagen a dicha dependencia, verificara su sistema y digitalizara la información.
Sobre esta nueva demanda penal, la gobernadora Indira Vizcaíno dio a conocer que en 2020 se solicitaron 750 millones de pesos para diversos rubros, entre ellos la emergencia sanitaria por covid-19, la remodelación del palacio de gobierno y la conclusión del C5i.
“De los 500 millones de pesos recursos que pidió prestados, 400 millones fueron desviados”, detalló.
La edificación de este inmueble fue programada en 2017 con un presupuesto de 818 millones de pesos; sin embargo, para los ejercicios fiscales de 2018, 2019 y 2020 la proyección se amplió a mil 218 millones de pesos, que incluyen 400 millones de pesos que solicitó mediante un crédito en 2020.
En junio de ese año, la ex legisladora local morenista Claudia Aguirre presentó una denuncia por este hecho ante el Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental.
