La llegada de la cuarta ola de la pandemia ha incrementado todos los fenómenos sociales y económicos relacionados con ella. Uno de los más importantes es su vinculación con la vida política, por encima de la racionalidad de los argumentos, tanto en el mundo como en México.
Un ejemplo típico es Estados Unidos, donde el fanatismo trumpiano republicano ha llevado a la negativa de grandes grupos a vacunarse, a pesar de la disponibilidad de biológicos, con el resultado de un contagio incontenible de la variante ómicron. Otro tanto está pasando en varios países europeos, donde grandes grupos consideran que las medidas dictadas por los gobiernos son restricciones inaceptables a la libertad individual con visos fuertes de autoritarismo. Los más sofisticados interpretan los hechos como momento culminante de la biopolítica, por ejemplo, Agamben.
Lo que caracteriza el debate en general es la falta de rigor en los argumentos y un uso engañoso o arbitrario de la información.
Otra visión está ligada al dilema que surge de un nuevo freno a la economía con sus resultados sobre las condiciones sociales de la población, particularmente la parte mayoritaria, que desde antes vive en la precariedad. A esto se añade un gasto gubernamental nuevo, ligado a la compra de vacunas para una tercera dosis y medicamentos nuevos de muy alto costo. En esta situación la industria farmacéutica está ejerciendo un chantaje moral a los gobiernos, particularmente en los países de ingresos medios altos, como México. Los pobres de plano se quedan al margen tanto de las vacunas como de los nuevos medicamentos. En este contexto resulta muy importante retomar las excepciones de salud pública aprobadas al Acuerdo de ADPIC en la Declaración de Doha en 2001. Ésta fue implementada como parte del esfuerzo, particularmente de Brasil, de quitar las patentes de los medicamentos contra el VIH/sida para poner a los países en condiciones de producirlos, hecho que marcó el inicio del tratamiento masivo de las personas que viven con este padecimiento y que lo volvió una enfermedad crónica.
Al inicio de la pandemia de covid-19 hubo declaraciones de varias empresas farmacéuticas en el sentido de que no iban a patentar los productos encaminados a combatir la pandemia, por lo menos inicialmente. Sin embargo, después hicieron firmar acuerdos de confidencialidad con los gobiernos en la contratación y compra de las vacunas. A lo mucho se ha llegado a acuerdos para que se envase una vacuna en el país comprador, pero sin que haya transferencia tecnológica primaria, ya que su producción la lleva a cabo el gran consorcio farmacéutico.
Tampoco se sabe si estas empresas se hacen responsables de eventuales efectos secundarios tardíos o será problema de los estados compradores.
Por otra parte, el precio del producto, sea vacuna o medicamento, se calcula en función de la capacidad de pago del país y no sobre la base del costo real de producción. En este contexto, es de subrayar que varios descubrimientos científicos claves, principalmente metodológicos, son realizaciones del mundo académico financiado con recursos públicos. De la misma manera, varias de las vacunas innovadoras están basadas en tecnología desarrollada con un subsidio público muy importante, como es el caso de Moderna y Pfizer.
Dada la magnitud de la pandemia, sorprende que no se planteó desde un inicio aplicar las reglas de la OMC sobre excepciones a las patentes ante emergencias de salud pública, que indudablemente es covid-19. El mecanismo previsto para esto son las llamadas licencias obligatorias, las cuales son un permiso que da un gobierno para producir un producto patentado sin el consentimiento del titular de la patente si no se ha logrado una licencia voluntaria. Es de señalar que aún con una licencia obligatoria debe compensar al dueño.
Estas características hacen sospechar que el problema actual de las vacunas y medicamentos estriba en la falta de capacidad técnica de los estados para producirlas. En el caso de México es el resultado del desmontaje sucesivo de la industria farmacéutica nacional, la cual era muy importante en su parte pública y privada, proceso que comenzó con la adopción del modelo neoliberal. México incluso era autosuficiente en la producción de vacunas.
Resulta urgente aceptar que en un ámbito donde la autosuficiencia nacional es necesaria, es precisamente el relacionado con el combate a las enfermedades. Sobre esta base, Cuba construyó su industria biotecnológica y ha salvado a la isla del bloqueo en este terreno crucial.
Y hay consenso en el mundo de que ésta no será la última pandemia. Habrá más.
