Un juez federal libró órdenes de aprehensión en contra de Joaquín Guzmán Loera, Genaro García Luna, Luis Cárdenas Palomino y cuatro ex funcionarios federales por su participación en el operativo Rápido y furioso, con el cual se permitió la entrada ilegal a nuestro país de más de 2 mil armas de alto poder.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que judicializó la carpeta de investigación del caso, donde se establece la presunta responsabilidad del ex líder del cártel de Sinaloa, así como de García Luna, ex secretario de Seguridad Pública, y de Cárdenas Palomino, quien fue coordinador de Inteligencia de la Policía Federal.
El operativo Rápido y furioso fue propuesto por la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego (ATF, por sus siglas en inglés) estadunidense al gobierno mexicano; consistía en permitir el contrabando de armas, a las cuales se les incluyó un chip que supuestamente permitiría rastrearlas; sin embargo, fue imposible localizarlas todas y varias de ellas fueron utilizadas para cometer diversos delitos.
Se ha podido comprobar que fueron empleadas en hechos como el asesinato del agente de la Patrulla Fronteriza Brian Terry, en diciembre de 2010, o el de Jaime Zapata, de la Oficina de Inmigración y Aduanas estadunidense en febrero de 2011, entre otros homicidios.
La FGR señaló que “de conformidad con las investigaciones desarrolladas por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, se obtuvo la información necesaria para establecer dicho tráfico ilegal de armas de fuego, que fueron utilizadas en diversos delitos de sangre en el país, desde el año de 2009 hasta fechas recientes”.
Según registros de la FGR, aún en la actualidad, cada mes se asegura en promedio una de estas armas.
Durante las investigaciones de este caso, fueron llamados a declarar los ex titulares de la PGR Marisela Morales Ibáñez y Eduardo Medina Mora, así como Facundo Rosas, ex subsecretario de Seguridad Pública.
También hay indicios de que el entonces presidente, Felipe Calderón, autorizó la participación de México en Rápido y furioso.
Entre los ahora señalados, Cárdenas Palomino ya está preso en México, acusado de tortura, mientras Guzmán Loera y García Luna se encuentran encarcelados en Estados Unidos.
En estos casos, las autoridades mexicanas solicitarán a sus homólogos estadunidenses notificar oficialmente a los detenidos, e iniciarán un procedimiento de extradición para juzgarlos en México.
La dependencia añadió que las autoridades estadunidenses ya se han encargado de investigar y deslindar las responsabilidades de ex servidores públicos de ese país.
“En México, de conformidad con una investigación propia, y con los datos adquiridos en las averiguaciones previas correspondientes, se pudo establecer que dichas armas no solamente fueron introducidas ilegalmente al país, sino que también han sido utilizadas en diversos actos criminales, que ya han sido investigados y procesados en México”, añadió la FGR.
De los otros cuatro ex funcionarios por quienes se solicitaron órdenes de aprehensión, sólo se informó que se trata de personas que aún están en libertad y por ello no se dio sus nombres, para evitar que se den a la fuga.
La demanda del gobierno de México en tribunales estadunidenses en contra de fabricantes de armas ha puesto al operativo Rápido y furioso como ejemplo de la facilidad con que arsenales completos pueden ser adquiridos sin problemas en el vecino país del norte para ser utilizados en nuestro territorio por los grupos del crimen organizado.
