La Fiscalía General de la República (FGR) solicitó y obtuvo órdenes de aprehensión en contra de siete implicados en el caso de tráfico de armas conocido como Rápido y furioso, por medio del cual la oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego (ATF) de Estados Unidos permitió deliberadamente que llegaran al cártel de Sinaloa más de 2 mil fusiles de asalto.
Entre los vinculados a proceso por ese delictuoso operativo del gobierno estadunidense se encuentran Luis Cárdenas Palomino, quien ocupó altos cargos en la Secretaría de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón, y quien actualmente se encuentra preso por el delito de tortura; Genaro García Luna, ex titular de esa dependencia en tiempos del calderonato y sometido a proceso penal en la nación vecina por cargos de narcotráfico, así como Joaquín El Chapo Guzmán Loera, ex cabecilla del cártel referido y condenado a cadena perpetua, sentencia que purga en una cárcel de máxima seguridad en Colorado.
Tanto en el caso de García Luna como en el de Guzmán Loera, las autoridades mexicanas iniciarán en breve los trámites requeridos para solicitar su extradición a México. En cuanto a los otros cuatro involucrados en Rápido y furioso, la FGR informó que no daría nombres porque se trata de personas aún en libertad que podrían darse a la fuga.
Es de destacar que en el último año de la presidencia de Vicente Fox y a lo largo de toda la administración de Calderón, la ATF organizó diversos operativos supuestamente diseñados para rastrear las rutas de las armas que llegan del mercado estadunidense a los grupos delictivos mexicanos, de los que los más conocidos, aunque no los únicos, fueron Receptor abierto (2006-2008, 450 armas) y Rápido y furioso (2009-2011, unas 2 mil armas, entre ellas Ak-47, fusiles Barrett calibre .50 y pistolas FN Five-Seven, conocidas como “matapolicías”). El rastreo fracasó desde un inicio, las armas multiplicaron el poder de fuego del cártel de Sinaloa y varias de ellas fueron empleadas para perpetrar diversos homicidios en México.
Aunque Calderón ha dicho que no se enteró de esos operativos, diversos testimonios indican que su gobierno tuvo puntual conocimiento de los envíos clandestinos de armas y que dio su aprobación a ellos.
En todo caso, el papel del ex gobernante en ese episodio terrible de su llamada “guerra contra el narcotráfico” es una incógnita que debe ser despejada para tener una cabal comprensión de ese sórdido periodo de la historia reciente que dejó secuelas tan nefastas como perdurables y una gravísima destrucción del tejido social. Más aún, el anuncio de ayer de la FGR ha llevado a muchos a preguntarse por las identidades no reveladas de cuatro de los involucrados y si entre ellos se encuentran el propio Calderón o sus ex procuradores Eduardo Medina Mora, Arturo Chávez Chávez y Marisela Morales.
Sea como fuere, es indudable que la violenta estrategia gubernamental de seguridad pública y sus diversos episodios se tradujeron, paradójicamente, en una gravísima erosión de esa misma seguridad; resulta ineludible ventilar en el ámbito judicial de México las responsabilidades de diversos altos funcionarios por la imposición de un modelo que provocó decenas de miles de muertes, llevó a la devastación de regiones enteras, ahondó y extendió la violencia y la descomposición y cuyas consecuencias aún se siguen padeciéndo hoy día.
