Su foco de atención es uno de los barrios más violentos de Tijuana: Zona Norte. Ahí proliferan el turismo sexual y de drogas, antros, puntos de venta de narcóticos, adictos en la vía pública y asesinatos. En ese entorno, la organización Prevencasa despliega esfuerzos para atenuar los efectos de los excesos en el consumo de drogas y reducir, en lo posible, las enfermedades asociadas, ante la ausencia casi total de políticas públicas para enfrentar los devastadores efectos de la drogadicción.

“Es un contexto muy complejo. En Tijuana son comunes las prácticas municipales de ‘limpieza social’. Detienen a gente que vive en la calle, consuman o no drogas. La llevan forzadamente a centros de rehabilitación donde la recluyen tres o seis meses. Eso no sirve para nada, al contrario: la gente sale con mayores resentimientos y vuelve a la adicción o cae en ella. Parece que a ellos les interesa más la estética urbana que la gente”.

Habla Alfonso Chávez, responsable de una de las acciones más polémicas, pero necesarias de la organización: intercambio de jeringas. Es una medida controversial porque se le juzga como la fórmula que alienta el consumo de heroína, pero vital para evitar males asociados: la proliferación del VIH y la hepatitis C. Es inevitable, pues el consumo de esta sustancia provoca demasiada dependencia.

“Lo van a hacer con una jeringa nueva o con una que encuentren tirada en la calle. Nuestra idea es ofrecer insumos para que lo hagan de la forma más higiénica posible. Hay una lógica, porque si no, el problema de salud sería más grande”.

Prevencasa tiene casi 20 años de trabajar con personas al borde del abismo personal en Zona Norte, con paliativos para evitar, en lo posible, desenlaces letales. Al día, atienden entre 80 y 90 personas en condición de calle, deportados, trabajadores sexuales, adictos, casos graves “de gente que se está doblando” (sobredosis).

“Hemos tenido muchos decesos de personas no sólo por sobredosis, sino por falta de atención a la salud, como el tratamiento para tuberculosis. Estamos muy cerca de la frontera, es muy complejo y por otras acciones hay mucha violencia, muchos homicidios, se mezclan todos estos elementos. (...) Hay más factores de riesgo. (Por ejemplo) una mujer que usa sustancias inyectables y hace trabajo sexual. Esto hace que aumente su riesgo”.

En Tijuana, las instituciones públicas para atender la salud mental o las adicciones son casi inexistentes. En contraste, el Bando de Policía y Buen Gobierno abre la puerta a los abusos de autoridad por su capítulo de infracciones: “Transitar en cualquier medio por las vías públicas, aceras o ambulatorias de las plazas o parques públicos incurriendo en molestias a la ciudadanía”.

Y en su artículo 81 señala: “Permitir al encargado o responsable de la guarda o custodia de un enfermo mental que éste deambule libremente en lugares públicos o privados o que cause molestias a particulares”.

La disposición del gobierno complica las posibilidades de la organización para promover demandas y dar seguimiento legal a los excesos contra quienes son recluidos a la fuerza en los centros de rehabilitación.

Alfonso mismo ha enfrentado las ilegales redadas, por su aspecto físico, aunque sólo permaneció un par de horas antes de ser liberado por su pertenencia a la organización.

La “limpieza social” que denuncia ha sido más drástica con otros que terminaron en esos centros, presuntamente para el tratamiento de adicciones: “Nos han compartido muchas experiencias de abusos físicos, verbales, otros más densos, otros menos. Es muy grave, sumado a que no hay un tratamiento sustitutivo de opioides. Es muy peligroso, porque la gente, en lugar de que se le rehabilite o se le ayude a reintegrarse a la sociedad, como plantean estos centros, sale con muchos traumas. Es muy fácil volver al consumo”.