Son lugares prácticamente ajenos al escrutinio público y en la indefinición sobre qué instancias gubernamentales deberían supervisarlos.

Las clínicas de adicciones y de atención a la salud mental en el país son –en su mayoría– sitios donde la violación de derechos humanos (maltratos, hacinamientos, golpes, humillaciones y tratamientos que pueden equipararse a la tortura) es recurrente, de acuerdo con el seguimiento que les ha dado la organización Documenta.

La escasa infraestructura gubernamental para atender la salud mental y su alta concentración en las principales ciudades, señala Ángel Salvador Ferrer, coordinador del área de prevención de la tortura en Documenta, provoca la proliferación de centros de internamiento privados que, favorecidos por la escasa vigilancia, operan prácticamente en la clandestinidad, sin garantías suficientes para los internos ni responsabilidades legales. Su lógica es la ganancia, más que la atención de salud.

Caos de datos oficiales

Oficialmente, la Comisión Nacional contra las Adicciones (Conadic) tiene registrados 266 centros privados de atención con tratamientos cuyo costo oscila entre 3 mil y 185 mil pesos. Sin embargo, la cifra de 24 clínicas que esta institución reporta para la Ciudad de México contrasta con las 199 que el gobierno capitalino asegura que existen. Según el directorio de Conadic, en Tlaxcala no hay registro de estos centros; en Guerrero, Quintana Roo y Tamaulipas sólo uno, aunque el reporte de esta última entidad indica que oficialmente hay 50.

“En este caos de datos oficiales se sabe que en realidad son muchas más en todo el país, en gran parte sin registro”, alerta Ferrer.

La dispersión de cifras revela, sin embargo, el vacío que prevalece y la escasa infraestructura pública para la salud mental. ¿Cuántos recursos se destinan a salud pública? El seguimiento de Documenta sobre las partidas asignadas muestra la escasa inversión, y los pocos datos al respecto se obtienen a cuentagotas mediante peticiones de información. En 2019 (el año más reciente con este desglose), Jalisco canalizó 0.76 por ciento del presupuesto a salud mental; Guanajuato, 0.16, y Nayarit, 0.13.

A escala federal, 80 por ciento del presupuesto a este rubro se destinó al financiamiento de los grandes hospitales siquiátricos. Diana Sheinbaum, coordinadora del programa Discapacidad y Justicia en Documenta, censura la visión “hospitalocéntrica”, en la que no hay opciones públicas para el primer nivel de atención cuando se enfrentan cuadros depresivos. “Y para llegar al tercer nivel hay que pasar por un viacrucis.”

Abusos y condiciones insalubres

Esta carencia de atención pública reduce las opciones y produce que familiares desesperados por la adicción de sus hijos o con problemas de salud mental recurran a centros privados, cuyas condiciones de operación y nula supervisión generan entornos para violaciones de derechos humanos y se les recluya en condiciones insalubres.

“Incluso en muchos lugares se les extorsiona para que puedan salir porque los familiares los llevan ahí en su desesperación al no saber qué hacer con un pariente con uso problemático de drogas.

“Y los centros les dicen con engaños: ‘lo vamos a aislar, lo vamos a limpiar, no va a consumir drogas, pero no va a tener ningún contacto con el exterior, como terapia de choque’. Las familias, desesperadas, acceden y es cuando se cometen múltiples abusos”, subraya Ferrer.

Los contratos con estas clínicas en muchos casos ni siquiera quedan en un papel: son acuerdos verbales que amparan la reclusión, sin posibilidad de ver al internado. “Después, aunque los quieren sacar ya no los dejan, los engañan. ‘¿Cómo está mi familiar? Estupendamente. ¿Puedo hablar con él ? No, porque forma parte del tratamiento, está aislado’”. Sacarlo implica pagar el costo total del tratamiento, resume.

Esto no sólo se constriñe al abuso en el consumo de drogas. En otros ámbitos de la salud mental “han proliferado los anuncios en zonas populares para atender la esquizofrenia, enfermedad que se ha convertido en una especie de cajón de sastre donde se encasillan muchos problemas de salud mental”. Pero tampoco suelen denunciarse los malos tratos por el arrepentimiento familiar de haberlos recluido.

Sólo esporádicamente, las comisiones estatales de derechos humanos han alertado sobre abusos graves, como la violencia en la aplicación de tratamientos por supuesto contra la voluntad del interno, terapias de choque o medicación forzosa y excesiva.