Las alcaldías fueron las que registraron el mayor número de recomendaciones por parte de la Auditoría Superior de la Ciudad de México (ASCM) debido a deficiencias en el ejercicio de recursos y que fueron detectadas en su gasto realizado, en específico para acciones emergentes y adquisición de insumos para atender el covid-19.
Con el informe de la cuenta pública 2020 en Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero y Magdalena Contreras se desprende que algunas observaciones podrían generar algún tipo de responsabilidad penal, administrativa o resarcitoria.
Entre las observaciones relevantes del órgano auxiliar del Congreso capitalino, en Benito Juárez reportó irregularidades en el programa Ingreso Básico a Personas Desempleadas, al que destinó más de 31 millones de pesos; en Coyoacán no se acreditó el total de servicios de desinfección contratados ni entregó expedientes de beneficiados por el plan Hagamos Equipo por la Familia, en los que ejerció cerca de 10 millones de pesos en el primero y más de 27 millones para el segundo.
En la alcaldía Cuauhtémoc hubo deficiencias en dos aspectos: apoyo emergente para el reconocimiento de las personas cuidadoras y en la atención en materia de educación de las personas de la diversidad sexual, a los que asignó 17 millones 280 mil y 4 millones 320 mil pesos, respectivamente.
Para Gustavo A. Madero las observaciones son por el programa Mercomuna, en los que la alcaldía ejerció 92 millones 364 mil pesos; asimismo, en Magdalena Contreras las irregularidades corresponden a la actividad Hogares Dignos, que contó con un presupuesto de 25 millones 500 mil pesos.
Del total de las 359 recomendaciones emitidas por la ASCM de un total de 61 auditorías a dependencias, órganos desconcentrados, de gobierno y autónomos, entidades y alcaldías –contenidas en el segundo informe parcial–, 132 corresponden a los órganos territoriales, de un total de 19 revisiones.
Diversas recomendaciones se refieren a deficiencias encontradas en la adquisición de insumos que hicieron las alcaldías, aun cuando el gobierno central realizó la adjudicación de contratos de manera centralizada para adquirir productos como gel antibacterial, termómetros infrarrojos, desinfectantes en aerosol, cubrebocas, toallas antibacteriales y caretas con el fin de atender la emergencia sanitaria, en las que se ofreció participar a los órganos político administrativos.
La estrategia “tuvo la finalidad de mitigar el aumento de costos en las adjudicaciones celebradas durante 2020 y contrarrestar, en lo posible, potenciales conductas antisolidarias y antiéticas por parte de los proveedores de los materiales, accesorios y suministros médicos”.
