En México hay más de 12 mil mecanismos de participación de ciudadana, entre consejos, comités, testigos sociales y contralorías, pero tienen poca incidencia en el combate a la corrupción porque a través de ellos la ciudadanía no interviene en la toma de decisiones.

Según la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción (Sesna), 80 por ciento de estos mecanismos son de carácter consultivo o de seguimiento, y la evidencia señala que uno de los principales problemas de éstos es que suelen acotar la participación ciudadana a procesos consultivos que no inciden directamente en la toma de decisiones públicas.

La participación ciudadana juega un rol fundamental en el control de la corrupción en la medida en la que representa un control externo en el seguimiento de las actividades de las instituciones públicas, así como un detonador de espacios de cocreación y participación, plantea la Sesna en el proyecto del Programa de Implementación de la Política Nacional Anticorrupción.

Al respecto, de acuerdo con el Barómetro Global de la Corrupción 2019 de Transparencia Internacional, 80 por ciento de la población mundial encuestada considera que el involucramiento activo de los ciudadanos puede resultar crucial en la modificación de las condiciones imperantes en materia de corrupción, indica el documento.

En México, a pesar de la gran oferta de mecanismos de participación orientados a diversas temáticas, el alcance y nivel de incidencia de la ciudadanía aún es limitado, dice la Sesna.

En algunos mecanismos de participación, como es el caso de los testigos sociales, los espacios de participación son poco conocidos por la población y resulta complicado saber su contribución efectiva en la identificación de irregularidades o de presuntos casos de corrupción, afirma.

Asimismo, éstos no participan en la vigilancia y seguimiento de aspectos claves, como los programas anuales de adquisiciones o la determinación de la modalidad de adjudicación, lo cual incluso pudiera ayudar a prevenir la corrupción.

“Como se observa, en México existe una importante infraestructura de mecanismos formales de participación que pueden fomentar y detonar aún más la vigilancia ciudadana en el control efectivo de la corrupción. No obstante, para llegar a ello, es necesario desarrollar políticas públicas que incluyan modelos sistemáticos y homogéneos de participación ciudadana que trasciendan las lógicas consultivas y, a su vez, promuevan el diálogo, la colaboración y la cocreación entre autoridades y otros jugadores multiactor y multinivel específicos”, de acuerdo con el organismo.