Chilpancingo, Gro., En demanda de seguridad para sus pueblos, cientos de indígenas nahuas encabezados por integrantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Pueblos Fundadores (CRAC-PF) marcharon la mañana de ayer en el poblado de Ayahualtempa, municipio de José Joaquín de Herrera, en la Montaña baja de Guerrero. La marcha recorrió también las comunidades de Amatitlán, El Caracol y Colonia Los Pinos.

Se tenía previsto que desfilaran decenas de niños policías integrados a la CRAC-PF, pero el coordinador, Luis Morales Rojas, advirtió que si en una semana no son atendidos “vamos a armar a 70 niños y niñas”, porque “sabemos que a los tres niveles de gobierno no les interesa la seguridad de los pueblos indígenas”.

Los manifestantes acusaron a los policías municipales de pactar con los grupos delincuenciales para atemorizar a las comunidades étnicas.

Piden un módulo de la GN

Una de las demandas centrales es que la Guardia Nacional instale un módulo en el crucero de Tlachimaltepec y otro en el punto Los Postes Negros con la finalidad de que los indígenas puedan abastecerse de víveres y salir a vender sus productos.

Ratificaron que los de la CRAC-PF continuarán brindando protección a las comunidades indígenas, a pesar de que les impiden patrullar carreteras federales, aun cuando “estamos protegidos por la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”, afirmó uno de los comandantes.

En la región de la Tierra Caliente, autoridades del comisariado ejidal del ejido Guajes de Ayala, municipio de Coyuca de Catalán, demandaron a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda que atienda el exhorto que el pasado 19 de abril le hizo la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) “para que atienda y brinde protección, seguridad y defensa amplia e inmediata a los habitantes de Ciénega de Puerto Alegre, municipio de San Miguel Totolapan, y en Guajes de Ayala, municipio de Coyuca de Catalán, ubicados en la Sierra Madre del Sur.

Mencionaron que en el exhorto la CNDH “condena enérgicamente los homicidios, la desaparición de personas, las amenazas de muerte, la extorsión y el desplazamiento de personas que se han cometido en Ciénega y en Guajes.

Mediante un oficio girado el 4 de enero a la gobernadora Salgado Pineda, firmado por Iracena Díaz Gómez, presidenta del ejido los Guajes de Ayala, el secretario Javier Hernández y el comisario municipal de la comunidad El Pescado, Jesús Domínguez, señalan que la CNDH hizo un llamado urgente “para que atienda y brinde protección, seguridad y defensa amplia e inmediata a los habitantes de dichas comunidades ejidales”.

La CNDH destaca que los pobladores demandan “activar un mecanismo para localizar a Elías Gallegos y a Fredi Gallegos García, así como ayuda humanitaria para cubrir necesidades alimentarias y atender a personas desplazadas”.