Organizaciones ecologistas demandaron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que en su fallo, previsto para el 12 de enero, sobre las posibles afectaciones ambientales ocasionadas por la ampliación del puerto de Veracruz, “se pronuncie por la defensa del derecho humano a un ecosistema sano y por la preservación de los sistemas arrecifales”.
En videoconferencia, Xavier Martínez, del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, indicó que en el juicio de amparo interpuesto por pobladores de Medellín-Boca del Río se solicitó dejar insubsistentes más de 14 permisos de ampliación del puerto y la restauración de los servicios ecológicos afectados por la destrucción del sistema arrecifal.
Representantes de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente, Environmental Law Alliance Worldwide y Earthjustice llamaron a los ministros de la primera sala de la SCJN a proteger los derechos de la población que se ha visto afectada por una obra cuyo proyecto, insistieron, fue presentado de forma fragmentada y “no se consideraron todos los arrecifes presentes en la manifestación de impacto ambiental, incluyendo los arrecifes sumergidos descubiertos recientemente en la zona, los cuales tienen un altísimo valor ambiental”.
Martínez recordó que habitantes de la conurbación Medellín-Boca del Río interpusieron un amparo en 2016 en contra de la ampliación del puerto de Veracruz debido a los impactos ambientales negativos e irreversibles que la obra tendría sobre los arrecifes que se encuentran en dicha zona.
Sin embargo, en abril de 2017 el juzgado de distrito negó la suspensión de las obras de ampliación del puerto al considerar que los demandantes no demostraron tener “una afectación real y relevante” en sus derechos. Los pobladores impugnaron esa decisión y la SCJN decidió atraer el caso, por lo que se espera que el próximo 12 de enero se pronuncie al respecto.
Destacaron que la decisión del máximo tribunal será un importante precedente en materia de acceso a la justicia, “pues la primera sala pretende determinar si ciudadanos cercanos al arrecife tendrían el derecho de exigir al Poder Judicial la protección del ecosistema amenazado. Resolver que esas personas sí pueden buscar protección judicial implicaría un avance importante para la defensa del medio ambiente como derecho humano”.
