El Juzgado Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en Ciudad de México le otorgó una suspensión definitiva al ex subsecretario de Turismo federal Simón Levy Dabbah, contra la orden de aprehensión y/o comparecencia que haya librado en su contra el director de la Unidad de Gestión Judicial Uno y otras autoridades.

Sin embargo seguirá su proceso en libertad, ya que quedará a disposición de la autoridad a la que corresponda conocer el procedimiento penal para los efectos de la continuación del litigio.

“Se concede la suspensión definitiva a Simón Levy Dabbah contra el acto precisado en el considerando cuarto, para los efectos indicados en el diverso quinto. Se deja a disposición del quejoso el billete de depósito.

“La responsable hace del conocimiento que tiene el carácter de víctima. b) Rodolfo Dávila Zárraga y Juan Marcos Serrano García son los agentes del Ministerio Público que intervinieron en el procedimiento penal. En tal virtud, con fundamento en el artículo 5, fracción III, incisos c) y e), de la Ley de Amparo, se les reconoce el carácter de terceros interesados. Por lo tanto, se comisiona al actuario adscrito a este juzgado, para que se constituya en los domicilios proporcionados y, con copia de la demanda, así como del auto admisorio, los emplace a juicio en términos del precepto 27 de la ley reglamentaria”, señala el resolutivo juez quien no hizo pública la versión del expediente ni los motivos de la determinación.

A finales de noviembre, la Fiscalía General de Justicia (FGJ) local inició una carpeta de investigación en contra de Levy Dabbah por su probable participación en los delitos de amenazas y daño a la propiedad en agravio de una mujer adulta mayor, a quien un juez de control le otorgó medidas de protección.

De acuerdo con la institución, la víctima denunció que Simón Levy se presentó la noche del lunes 15 de noviembre en su domicilio, ubicado en Polanco, donde pateó y golpeó la puerta de su departamento en repetidas ocasiones, al tiempo que “le gritaba y amenazaba con atentar contra su vida”; sin embargo, la FGJ no precisó la causa del conflicto entre los particulares.