Durante muchas semanas el Consejo General del Instituto Nacional Electoral ha persistido en bloquear la realización del primer referendo revocatorio de un presidente de la República, sobre todo en la etapa preparatoria. Esta fase ha terminado en un fracaso para el consejero presidente y cinco consejeros. La Comisión de Receso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazó el aplazamiento y condicionamiento económico para la celebración de la consulta. Ha sido una derrota no sólo judicial.
Las iniciativas de este grupo de consejeros hasta hoy mayoritario (seis contra cinco) constituyen un desafío a los tres poderes del Estado: a la Cámara de Diputados, que asignó el presupuesto, recortado respecto a lo solicitado por el INE; por consiguiente, al Congreso de la Unión, aunque el Senado no intervino; al gobierno presidido por Andrés Manuel López Obrador (AMLO), que tomó la iniciativa de la consulta, y al Poder Judicial. Fracasó en su pretensión de crear un conflicto entre la Corte y el Presidente, y de arrastrarla a la arena de lucha entre partidos.
Por su parte, la presidencia de la Cámara de Diputados presentó a la Corte un recurso para anular la iniciativa de los consejeros y dio los pasos previos para enjuiciar a los seis consejeros y destituirlos. Los consejeros han sido puestos contra la pared y a la defensiva. Para su buena suerte, la judicialización fue suspendida a instancias del propio presidente AMLO. ¿Quién saldrá en su defensa? No podrán pedir socorro al grupo de gobernadores de oposición, porque está desecho después de haber perdido las gubernaturas en 11 estados, y es improbable que puedan mejorar su relación de fuerzas en las próximas elecciones de mandatarios en seis estados, para entonces el referendo será un hecho consumado.
El núcleo dirigente de la clase capitalista se acomoda a las reglas del gobierno; no arriesgará la negociación de inversiones por salvar a los consejeros; se sirvieron de ellos, pero no los rescatarán, no es una batalla decisiva, como las elecciones presidenciales. No hay otro núcleo de poder que rescate a los seis consejeros.
Al sentenciar la Suprema Corte que el INE está obligado constitucionalmente a celebrar el referendo con los recursos ya autorizados, se ha formado un consenso de tres poderes federales del Estado contra un órgano meramente técnico de rango inferior. La aventura terminó, aunque le quedan argucias para entorpecerlo.
Si Lorenzo Córdova aspiraba a ser el candidato presidencial de la derecha coaligada, él mismo trazó su fracaso; en la hipótesis de que lo fuera, tendría un candidato repudiado por la opinión pública, sin carisma ni base propia, en suma, el candidato ideal para perder las elecciones de 2024.
En vez de desafiar al Estado, los consejeros pueden todavía intentar la estrategia soterrada de sabotaje, de desorganización y mutilación de la ciudadanía (dos tercios de las urnas y otro tanto del padrón) como hicieron en la consulta contra los ex presidentes neoliberales efectuada el 1º de agosto de 2021. No pueden esperar que no se reúna 3 por ciento de solicitantes de la convocatoria, los promotores lograron reunir 11 millones de avales ciudadanos. Tampoco podrán repetir el ocultamiento de la consulta anterior porque esta vez están en juego el liderazgo del Presidente y la hegemonía de la 4T.
Lo que está en juego en una primera consulta de revocación de mandato es el refrendo mayoritario del liderazgo presidencial y, además, la vía para destituir a cualquiera que ocupe cargos de elección. El meollo radica en la legitimación de un gobernante y de un programa de gobierno, un precedente para el gobierno que se elija en 2024. La estrategia obstruccionista del bloque de derecha será repudiada por la ciudadanía. Reafirmada la plena hegemonía de la 4T, la derecha se quedará sin legitimidad, sin fuerza a la hora del veredicto de las urnas en las elecciones inmediatas y en las presidenciales.
No tienen nada qué ofrecer superior a lo alcanzado por la 4T, retroceder no es una opción para la mayoría popular. Es claro que esta opción inevitablemente se acompaña de la represión de la demanda social, entonces está por verse que la mayoría popular pueda verse separada de la lucha democrática por el poder.
El fracaso de la aventura antidemocrática de los seis consejeros exhibió la vocación autoritaria, con visos dictatoriales, de la derecha, pero no renunciará al estilo extremista que aparece en países latinoamericanos.
La democratización del antiguo régimen apenas ha comenzado, está en movimiento, la ciudadanía apenas empieza a descubrir su poder mediante la consulta al pueblo.
