El 8 de diciembre pasado, la maestra Lenia Batres Guadarrama, consejera adjunta de Legislación y Estudios Normativos de la Consejería Jurídica del Ejecutivo federal, remitió al director del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (Inali), “para su conocimiento”, un proyecto de decreto mediante el cual se pretende desaparecerlo –fusionarlo dice el documento– y pasar sus funciones al Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI); en el mismo documento le solicitaba elaborar una evaluación del impacto presupuestario de la medida. La gravedad del asunto dejó al director de la institución sin saber qué hacer. Primero afirmó que la desaparición de la institución representaba un retroceso y horas después dijo que “seguramente ahí las lenguas indígenas encontrarán buena acogida”. Por su parte, la Secretaría de Cultura ha dicho que la medida se impulsa en el marco del ajuste administrativo del gobierno de la República “y con el fin de atender de manera integral las demandas de los pueblos indígenas”, una justificación difícil de creer.
La propuesta de desaparición del Inali es desafortunada en muchos sentidos. En primer lugar, se presenta cuando comienza el decenio de las lenguas indígenas, promovido por la Organización de Naciones Unidas, con la participación activa de los gobiernos que la integran, entre ellos el mexicano, con lo cual se lanza un lamentable mensaje en sentido contrario. La medida también obedece a la política de ajuste administrativo del gobierno federal para generar economías que le permitan financiar sus megraproyectos; como tal, forma parte de la desaparición de instituciones como el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, el Instituto de Desarrollo Social y los otros institutos que ya se rumora que desaparecerán. Pero ese es precisamente el desatino: el Inali tiene una función distinta a la de los otros institutos, atiende pueblos, sujetos de derechos colectivos, no población vulnerable, aunque desde el gobierno se les mire como tales.
Creado en 2003 con el objetivo de “promover el fortalecimiento, preservación y desarrollo de las lenguas indígenas que se hablan en el territorio nacional, el conocimiento y disfrute de la riqueza cultural de la nación, y asesorar a los tres órdenes de gobierno”, el Inali no se ha distinguido por cumplir su cometido. Un ejemplo es el estrecho enfoque de sus directivos, dos de ellos indígenas, a quienes les faltó visión para trabajar con los pueblos en el rescate de las lenguas indígenas en peligro de extinción; apoyar a los que luchan por la revitalización de sus lenguas para utilizarlas en su vida diaria; impulsar la enseñanza de las lenguas en los diversos niveles educativos, generando una verdadera educación bicultural; diseñar un programa nacional multianual de fortalecimiento de las lenguas, alejado de los vaivenes políticos, que a corto y mediano plazos hiciera posible el uso de las lenguas indígenas en los diversos ámbitos de la vida.
Pero esas omisiones no justifican su desaparición, sobre todo porque existe una problemática que atender y derechos que respetar. Sobre esto último la Constitución federal establece que, como parte de su autonomía, los pueblos indígenas tienen derecho a “preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos los elementos que constituyan su cultura e identidad”, entendida en sentido contrario, lo que la norma prescribe es una obligación del Estado de generar condiciones para que eso sea posible. Es lo que la institución cuya desaparición busca el gobierno federal podría hacer. A ello hay que agregar las disposiciones del derecho internacional sobre la materia, que el Estado mexicano está obligado a respetar. La Secretaría de Cultura afirma que estas actividades se realizarían a través de los programas de Derechos Humanos, para la Igualdad entre Hombres y Mujeres, Especial de los Pueblos Indígenas y Afromexicano y el Sectorial de Cultura, entre otros. Otra mala señal, pues ninguno de ellos tiene como fin específico las lenguas indígenas.
Ironías de la historia o de la política. El Presidente de la República, quien prometió atención especial a los pueblos indígenas, es el que está desmantelando la institucionalidad para atenderlos. No olvidemos que antes de esto se redujo el presupuesto del INPI, el instituto que ahora propone que atienda también los derechos lingüísticos, suprimió el presupuesto a las casas de la mujer indígena, redujo los albergues para niños indígenas, prometió nombrar a una indígena como directora del Consejo Nacional para Prevenir y eliminar la Discriminación (Conapred) y otra como agregada Cultural de la embajada de México en España, sin que ni una ni otra cosa haya sucedido.
Sería deseable que algún miembro de su gabinete o cercano a él le propusiera reflexionar y él lo escuchara. No está en juego sólo la existencia o no de un instituto, sino el rumbo de un país que, constitucionalmente, se declara pluricultural y sus leyes catalogan también como plurilingüe.
