El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que a partir de este bimestre los adultos mayores recibirán un incremento de 20 por ciento en su pensión universal, con lo que pasarán de recibir 3 mil 100 a 3 mil 850 pesos bimestrales.
Al respecto, el secretario de Bienestar, Javier May, puntualizó que desde el comienzo de la administración federal esta prestación ha tenido un aumento de 232 por ciento, desde los mil 160 pesos bimestrales de 2018 hasta el monto anunciado de casi 4 mil pesos, y está previsto que en los próximos dos años reciba sendas alzas de 20 por ciento.
Este programa atiende a poco más de 9 millones de personas, y se calcula que en el transcurso del año alcance 10.3 millones de beneficiarios
Para calibrar la importancia social de la pensión para personas adultas mayores es necesario considerarla tanto en su aspecto cuantitativo como en el cualitativo.
Por una parte, es cierto que ni mil 160 ni 3 mil 850 pesos bastan para cubrir las necesidades de vivienda, alimentación, vestido, salud y esparcimiento de una persona durante un bimestre, y se quedan cortos incluso ante el salario mínimo, un indicador de por sí bajo.
Sin embargo, poner en manos de las personas de la tercera edad un ingreso fijo y seguro les proporciona una certeza y una dignidad que les habían sido arrebatadas, les da un inapreciable margen de autonomía ante sus familias y permite escapar de la miseria absoluta y el hambre a quienes carecen tanto de asideros familiares como de cualquier otro ingreso.
Además de lo anterior, dignifica a los beneficiarios directos, en muchísimos casos representa un incremento en el ingreso familiar que alivia las necesidades de hijos, nietos y otros dependientes, y su impacto positivo se derrama en la comunidad local: todo tipo de micronegocios recibe un impulso gracias a la circulación monetaria puesta en marcha al entregar recursos a quienes consumen en los comercios de proximidad, empuje de particular relevancia en el contexto pandémico.
Es necesario recalcar que, a diferencia de las dinámicas predominantes en los anteriores gobiernos, este programa no responde a la lógica neoliberal de “focalización” entre los sectores más vulnerables, la cual derivaba en una total arbitrariedad en la designación de los beneficiarios, y era la base sobre la que se tejían redes clientelares para el uso electorero de los apoyos sociales.
El carácter universal de esta pensión la preserva de tales lacras, y garantiza el acceso a toda persona con el único requisito de haber cumplido 65 años, independientemente de su ideología, orientación política, posición económica o cualquier otra característica personal.
Esta voluntad de desvincular la pensión de toda lógica clientelar queda corroborada por el hecho de que, junto con otros programas sociales, se elevó su entrega a rango constitucional, un estatus que la preserva de coyunturas económicas adversas o de vaivenes políticos y, lo que es más importante, acaba con la concepción de este tipo de transferencias como dádivas gubernamentales y la inscribe como un derecho de todos los mexicanos.
