Zacatecas, Zac., Más de 200 empleados y maestros jubilados afiliados al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas (Issstezac) han interpuesto amparos ante el juzgado primero de distrito de esta ciudad contra el organismo operador del fondo de pensiones que administra el gobierno que encabeza el morenista David Monreal, debido a que no ha pagado el aguinaldo a más de 4 mil 600 derechohabientes.
Fuera del despacho de abogados Jorge Rada y Asociados, en el centro de la capital del estado –cruce de las calles Lancáster y Félix U. Gómez–, se arremolinaron ayer por la mañana decenas de afectados, quienes siguen interponiendo recursos jurídicos contra el instituto y el gobierno estatal.
El argumento del gobierno de Monreal para no cubrir esa prestación es que no tiene recursos porque el priísta Alejandro Tello Cristerna dejó la administración estatal en quiebra en septiembre pasado.
El abogado Jorge Rada señaló en entrevista que en el caso del adeudo del aguinaldo a miles de trabajadores, “el gobierno de Zacatecas ha sido muy informal, porque en ningún momento les informó que no iba a pagar esa prestación.
“La Constitución estipula que cualquier acto de autoridad debe realizarse por escrito, fundado y motivado debidamente, así como ser notificado de manera personal”, puntualizó.
De hecho, informó el litigante, con los primeros amparos que se presentaron en la segunda quincena de diciembre ante el juez primero de distrito, “obtuvimos una resolución inicial muy favorable, pues ordenó al Issstezac pagar inmediatamente el aguinaldo (a quienes ya habían presentado amparos en lo particular), en virtud de la violación inminente de sus derechos humanos, no solamente el patrimonial o económico, sino también los de salud, vivienda digna, alimentación, etcétera”.
Además, subrayó, se están interponiendo más amparos, y si el gobernador David Monreal y los directivos del Issstezac siguen sin cumplir, “se pueden configurar delitos como desacato a una orden judicial y repetición del acto reclamado si no se les paga a pesar de la orden jurisdiccional”.
