La iniciativa con proyecto de decreto elaborada por la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República que propone “transferir” las funciones del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (Inali) al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) requiere, para tal fin, reformar, adicionar y derogar disposiciones de al menos seis leyes.

De acuerdo con el documento, que deberá someterse al análisis de la Cámara de Diputados, se piden cambios a la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, la Ley del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, la Ley General de Educación, la Ley Nacional de Ejecución Penal y la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro.

En el escrito (del que La Jornada tiene copia) se argumenta que en aras de “reconocer plenamente los derechos de los pueblos indígenas como acto de justicia social, se propone fortalecer al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas para que el mismo lleve a cabo las tareas relativas al fortalecimiento, desarrollo y preservación de las lenguas indígenas nacionales, en coordinación con los tres órdenes de gobierno y los pueblos y comunidades indígenas, así como ampliar el ámbito social del uso de las lenguas indígenas nacionales y promover el acceso a su conocimiento.

“En consecuencia, se propone la trans-ferencia de funciones a través de la desincorporación por fusión del Instituto Na-cional de Lenguas Indígenas al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, cuyas funciones se armonizan y son acordes en esencia y objeto.”

En la exposición de motivos para tales reformas se dice que “uno de los principales compromisos de la Cuarta Transformación es ‘no dejar a nadie atrás, no dejar a nadie afuera’” y, por tanto, “es nuestro propósito fortalecer las instancias administrativas que fueron creadas en atención de los pueblos y comunidades indígenas, los cuales han vivido desde hace siglos la opresión, saqueo y discriminación; el gobierno orientará la correcta ejecución de las políticas públicas gubernamentales para lograr la redirección del gasto público, razón por la cual, con la presente iniciativa, se propone llevar a cabo una reordenación orgánica de las instituciones que ejercen competencia en la materia de modo tal que se ejerza el presupuesto federal de manera responsable, eficiente y eficaz, con base en el principio de austeridad republicana”.

De entrada, anularía el artículo 14 de Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas que ordena la creación del Inali, y lo sustituye por: “El Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, ademas de lo establecido en la Ley del Instituto Nacio-nal de los Pueblos Indígenas, tendrá las siguientes atribuciones…”, para luego asignarle al INPI todas las funciones del Inali.

Preservar las lenguas originarias exige un Estado que se responsabilice de combatir la discriminación y el racismo: poeta zapoteca Irma Pineda

Mónica Mateos-Vega

Los problemas de fondo que obstaculizan el desarrollo y preservación de las lenguas indígenas en México son la discriminación y el racismo, asuntos que no se pueden combatir si tenemos un Estado que no asume sus responsabilidades con los pueblos y comunidades originarias.

En ese contexto, resulta “grave y lamentable” la propuesta de desaparecer el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (Inali) para integrarlo al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), “quizá para que quede por ahí como una subdirección más”, considera la poeta zapoteca Irma Pineda (Juchitán, 1974).

En entrevista con La Jornada, la autora, representante de los pueblos indígenas de México, Latinoamérica y el Caribe ante la Organización de Naciones Unidas, explica que el Estado “debería dar más señales de que tiene interés por trabajar con los pueblos indígenas, pero en cuestiones concretas y reales, porque para las comunidades no es suficiente que se exhiban bastones de mando en los actos oficiales o que éstos se inicien con ceremonias de agradecimiento a la Madre Tierra y soplando el caracol hacia las cuatro direcciones del universo.

“Nos reímos cuando vemos esas cosas porque terminan siendo una burla. ¿Para qué tanto show mediático con los símbolos indígenas si eso no se aterriza en programas concretos para poblaciones indígenas? No se trata de caer en la institucionitis, sino de aprovechar las estructuras que ya están. Lo que se requiere es fortalecer el presupuesto del Inali, capacitar al personal y seleccionar a los más adecuados para estar al frente, no crear más elefantes blancos.”

Pineda señala que si bien la Secretaría de Cultura federal afirmó hace un par de días en un comunicado que el Inali tiene “garantizado” este año un presupuesto de 71 millones de pesos, pero, “ojo, se está hablando sólo de 2022, durante el cual se requiere realizar el proceso legislativo para la transferencia al INPI, porque el decreto para desaparecer al Inali no se llevará a cabo de la noche a la mañana; es decir, durante este año se gastarán esos 71 millones, y para 2023 ya no existirá el instituto, ¿y los recursos?

“Es algo muy serio porque el presupuesto del INPI va en picada. En 2021 tenía 6 mil millones, y ya perdió 50 por ciento, pues para 2022 cuenta sólo con 3 mil millones.”

Pineda advierte que el Instituto Nacional Indigenista, luego la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y posteriormente el actual INPI trabajaron de manera importante cuestiones como proyectos de desarrollo económico y estructural, temas de salud y de capacitación para los pueblos indígenas, “pero si hacemos un recuento, ninguna de esas instancias se ha dedicado de manera profunda al tema de las lenguas.

“No creo que ahora al INPI le dé tiempo de hacerlo, pues tiene su propia agenda: una gran reforma, bastante ambiciosa, en favor de los pueblos indígenas, que implica el cambio de 15 artículos constitucionales, aunque no sabemos si logrará pasar en la Cámara de Diputados.”

El argumento de la Consejería Jurídica de Presidencia para fusionar al Inali con el INPI, continuó, es que todo esté en una sola institución, “pero ya tuvimos el caso del Instituto Nacional Indigenista, donde todo estaba junto y no pudo resolverse nada, a final de cuentas se convirtió en una institución asistencialista, responsable en buena medida del lingüicidio que ahora padecemos.

“En los pueblos indígenas tenemos la claridad de que las instituciones no resuelven el problema de discriminación y racismo, aunque reconocemos que es importante que existan porque el Estado debe asumir su responsabilidad.

“El que haya una institución como el Inali nos dice que el Estado se compromete al trabajo de revalorización, fortalecimiento y, sobre todo, de diseño de políticas públicas respecto a las lenguas, pero si lo desaparece, nos dice justo o contrario: que no le importan las lenguas ni tiene interés por ellas.

“Nuestra lectura es que se trata de decisiones verticales, centralistas, y hasta me atrevería a decir que tomadas desde el privilegio. No sé quiénes son los asesores de la Consejería Jurídica que propusieron la ‘fusión’, pero pienso que son gente blanca, no indígena, privilegiada, sin la menor sensibilidad de lo que vivimos en lo cotidiano los pueblos indígenas ni de lo que es el Inali, una institución que si bien tiene deficiencias, que se pueden corregir desde adentro, desaparecerla es un golpe para las comunidades porque se interrumpen varios trabajos en proceso, como la catalogación, la formación de intérpretes-traductores y la implementación de las normas de escritura”, concluyó la también traductora y docente.