La tortura y malos tratos en prisiones de México no se han erradicado, ya que siguen vigentes en todas las etapas de un proceso en el sistema de justicia penal, asegura la organización Documenta, Análisis y Acción para la Justicia Social.

En la actualidad hay más de 219 mil personas privadas de la libertad, de las cuales 20 por ciento se sienten inseguras en el centro de reclusión en el que permanecen y arriba de 80 por ciento afirma haber sido víctima de algún acto de corrupción durante su encierro. Otro problema es que los encarcelados están en mayor riesgo ante la emergencia sanitaria por covid-19.

La organización documentó que en las cárceles mexicanas se registraron 3 mil 500 personas con coronavirus entre abril de 2020 a julio del año pasado, de las cuales 256 fallecieron.

Por medio de la plataforma digital Observatorio de Prisiones, la organización no gubernamental reúne una serie de testimonios de reclusos y sus familiares, voces que en su mayoría no son tomadas en cuenta, por lo que el problema pasa desapercibido.

Las declaraciones son anónimas para proteger la identidad, vida e integridad física de quienes dieron su testimonio, pues además denuncian que no reciben la atención médica necesaria ni medicinas.

De acuerdo con las revelaciones recabadas en la plataforma, también enfrentan daño físico por violencia así como corrupción de todo tipo, pero no sólo eso, dicen que viven en condiciones precarias en los centros penitenciarios de Veracruz, Baja California, Michoacán, Puebla, Quintana Roo, Ciudad de México y estado de México.

Asimismo, describen “el infierno económico y emocional” que padecen; por ejemplo, en días de visita, sus familiares deben pagar entre 200 y 2 mil pesos por servicios, bienes o permisos. “Los custodios piden cuota por visitas conyugales que van desde mil a mil 800 pesos. En el penal de Santiaguito hay mucha corrupción, incluso de gente externa al penal”.

El reporte indica que también el derecho a la alimentación digna es uno de los más violados en las cárceles. “La comida es muy mala, se las dan en botellas pet que los presos recogen de la basura, toman agua de la llave una vez al día. Si no pagan las cuotas a los custodios los dejan colgados por una noche de los brazos y los golpean. Hay que pagar por todo en días de visita para revisión de comida, ahí es donde más gastamos porque no aceptan poco, pues los vigilantes tienen tarifas”.

Este tipo de violaciones a los derechos humanos también se documentan en la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (Enpol) 2021, según la cual los internos tienen que pagar para contar con un espacio donde dormir, por el pase de lista, tener aparatos eléctricos, evitar o cambiar de celda, disponer de agua potable y energía eléctrica, recibir medicamentos, tener una cama, colchonetas o cobijas, acceso a teléfono celular, salir al patio, acceder a visita íntima, usar baños, regaderas y por protección, entre otros.

Un ex convicto que estuvo siete años preso por robo a comercio a mano armada comentó en la plataforma digital que al llegar a la cárcel los custodios los golpearon con palos, le echaron agua fría y dieron toques por todo el cuerpo. Además, lo obligaron a llamar a la gente para extorsionarla. “Ahí no hay readaptación ni nada. Todo es una mafia allí adentro”.

Agregó que los custodios también cobran a las visitas para permitir ingresar droga, así como para venderla en los dormitorios. “Hay desde activo, pastillas, mariguana y piedra, que es la que más abunda, es muy adictiva y adentro te la venden desde cinco pesos. Todos los alimentos están mal. Hay cucarachas y a veces hasta ratas salen en la comida. La carne está apestosa y el pollo también”.

Documenta, Análisis y Acción para la Justicia Social indica que los testimonios “ayudan a abrir las puertas de las cárceles” porque contrarrestan el discurso oficial sobre las condiciones de internamiento en las prisiones del país. Por eso, invitan a la población para que a través de su plataforma digital aporten declaraciones sobre las condiciones en los centros de reclusión.