El estado de Chiapas está hecho un polvorín. El pasado 11 de septiembre, por ejemplo, miembros de la organización paramilitar ORCAO, secuestraron a los zapatistas Sebastián Núñez Pérez y José Antonio Sánchez Juárez, autoridades autónomas de la junta de buen gobierno Patria Nueva. El Ejército Zapatista aseguró en un comunicado que: “Si el conflicto no escaló hasta llegar a una tragedia, fue por la intervención de párrocos progresistas, las organizaciones defensoras de los derechos humanos y las movilizaciones y denuncias que en México y, sobre todo, en Europa, se realizaron”.
El caso de las comunidades del municipio de Magdalena Aldama, en el centro del estado, en los Altos de Chiapas, es dramático y muy delicado; la situación pende de un hilo. Estas comunidades son habitadas por bats’i vinik-antsetik, pueblo orginario tsotsil. Desde hace años son asediados por la paramilitarización. En los cables que envían a la sociedad civil reportan casi diario, varias veces: “Nos tienen rodeados de disparos de altos calibres [...] retornan de nueva cuenta los disparos [...] disparos de altos calibres percutidos por grupos armados”.
El conflicto viene de lejos. En una resolución presidencial de José López Portillo en los años 70 le entregaron a la comunidad de Santa Martha (poblado Manuel Utrilla) 60 hectáreas, las cuales le pertenencían al municipio de Santa María Magdalena Aldama. Después se reconoció que los dueños eran los de Aldama y acordaron en un convenio en 1977 respetar el derecho de posesión. No obstante, los acuerdos no se respetaron y Santa Martha en 1997 exigió la devolución de las hectáreas. En 2009, el Tribunal Unitario Agrario resolvió la posesión en favor, otra vez, de los 115 comuneros de Aldama.
Sin embargo, en 2016, los comuneros de Aldama aseguran “que el conflicto se recrudenció con el despojo de las tierras durante el gobierno de Manuel Velasco Coello y ahora en el de Rutilio Escandón Cadenas [...]. Fuimos despojados por personas del poblado de Manuel Utrilla (sector Santa Martha) del municipio de Chenalhó. Las 60 hectáreas nos han pertenecido al pueblo de Magdalena Aldama ancestralmente. Dentro de las 60 hectáreas vivían siete familias que en 2016 fueron despojadas y amenazadas a punta de armas de fuego y fueron refugiadas en las comunidades del municipio de Aldama. En este 2016, se activó el grupo paramilitar que opera en Chenalhó”.
La organización La Voz del Pueblo de Tan Joveltik, de las comunidades de Magdalena Aldama, denuncian desde hace meses una paramilitarización con agresiones muy violentas. El gobierno estatal actúa como un convidado de piedra, sospechosamente omiso. “La lluvia de balas permite ir ‘limpiando’ el terreno, arrancado a sus pobladores legítimos. ¿Con qué fin? La versión más referida es que se trataría de un tramo estratégico para el trasiego ilegal de armas, drogas y personas, muy generalizado últimamente” se hipotetiza en Ojarasca (shorturl.at/fgiqM).
Decenas de hombres armados, no identificados, ingresan a Santa Martha a cualquier hora, amedrentando a la gente. En su último comunicado, las comunidades de Magdalena Aldama señalan que desde 2016 “somos un pueblo que vive bajo la lluvia de disparos por los grupos armados de corte paramilitar de Santa Martha del municipio de Chenalhó”. En fechas recientes llegan a ser 30 o 40 ataques en un solo día. Desde el inicio de 2020 las agresiones armadas han aumentado de intensidad afectando a “12 comunidades y a unas 5 mil personas”. En octubre pasado, las agresiones a tiros comenzaron a perpetrarse diariamente. Ahora en las comunidades se pueden observar impactos de bala en coches, máquinas y láminas. Han salido desplazadas unas 3 mil personas para refugiarse de las balas y las bombas este noviembre.
Ante la situación de las comunidades de Magdalena Aldama, la Europa de abajo y a la izquierda se ha sumado a sus exigencias. En un comunicado enviado a las autoridades estatales y federales competentes, respaldado por más de 40 organizaciones europeas como España, Cataluña, Comunidad Valenciana, Inglaterra, Austria, Bélgica, Alemania, Grecia, Italia, Euskal Herria, Reino Unido, Suiza, Portugal y Holanda, exigen el cese a las agresiones paramilitares, hacen responsable de la vida de las personas de las comunidades de Aldama a los tres niveles del gobierno de México, exigen justicia para la región y la liberación inmediata e incondicional de su compañero Cristóbal Santiz Jiménez (shorturl.at/nsyPS).
La solidaridad se ha extendido como la pólvora. El caso de las agresiones a las comunidades de Magdalena Aldama ha tocado su corazón y ha puesto en alerta a las organizaciones europeas para denunciar y exigir justicia ante sus propios gobiernos, el mexicano y el chiapaneco para que cese el fuego y se que acabe con la lacra del paramilitarismo en la región.
