La situación jurídica del ex dirigente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) capitalino Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, por su presunta participación en los delitos de trata de personas, en su modalidad de explotación sexual, publicidad engañosa y asociación delictuosa, será determinada este martes.
En la comparecencia celebrada en los juzgados orales del Reclusorio Oriente, el juez interino del juzgado décimo séptimo penal, Freddy Aparicio, determinó agotar las 144 horas del término constitucional para dictarle el auto de formal prisión o la libertad.
Héctor Pérez Rivera, abogado de tres de las denunciantes, afirmó que “hay suficientes pruebas en su contra; hay víctimas reales que van a declarar en su contra en el momento que la juez las cite y se les otorguen las medidas de protección correspondientes”.
El juez le indicó al inculpado que “está en manos de la ley y que resolverá lo que a su derecho corresponde y tiene hasta las 22 horas de este martes para hacerlo, aunque nosotros tendremos conocimiento hasta el miércoles, porque no nos citó a la lectura del auto”, dijo.
Comentó que su detención fue legal porque el amparo que solicitó “no existe, ya que se interpuso, el 29 de octubre, un recurso de revisión que ya está radicado ante el Tribunal Colegiado de Circuito, por lo que confiamos que se le dictará el auto de formal prisión”.
El abogado del ex dirigente priísta, Alberto López Rosas, informó que presentó una queja ante el juzgado décimo cuarto de distrito en materia penal por la “ilegal” detención de su cliente, el pasado 29 de diciembre, en la demarcación territorial Tlalpan.
Se trata, aseguró, de “un asunto de carácter político, porque las 503 pruebas presentadas a lo largo de ocho años para determinar su responsabilidad en esos delitos son imprecisas y vagas; ningún delito fue consumado, todo quedó en grado de tentativa”.
Los careos con las víctimas, que estaban previstos este lunes en las salas orales del Poder Judicial de la Ciudad de México, “no se llevaron a cabo porque no se presentaron; se trató de una práctica dilatoria que da cuenta que el proceso penal es un asunto partidista”, afirmó.
