A pesar del pesimismo reinante en el mundo, 2022 pinta esperanzador para la renovación de democracias en América Latina, y para poner fin al neoliberalismo y al autoritarismo, que van de la mano. Aunque le duela a “decadentes” conservadores, como AMLO llama al escritor peruano Mario Vargas Llosa.
Los resultados electorales favorables en 2021 para izquierdas en Perú, Honduras y Chile, se suman a los previos en México, Argentina y Bolivia. Las elecciones este año en Brasil, cuyas predicciones a todas luces favorecen a Lula, serán cruciales para el futuro del continente, pero Jair Bolsonaro amenaza, inspirado por el trumpismo, con intentar un golpe de Estado. En México la 4T mantiene la oportunidad de conducir procesos de integración regional, pero para esto es necesario comenzar a desmontar el mito del mal llamado “libre comercio”, que no es sino un régimen de libre despojo de los recursos naturales y de imposición corporativista.
En mi entrega pasada ( La Jornada 20/12/21) sugerí al gobierno de Andrés Manuel López Obrador tomar dos pasos en 2022.
En primer lugar, eliminar del T-MEC el anexo 14-A, el cual, con el entreguismo clásico de los tecnócratas del equipo de Ildefonso Guajardo que lo permitieron, mantiene mecanismos de arreglo de controversias inversionistas–Estado, entre México y Estados Unidos que subyuga a nuestro país al régimen de demandas supranacionales en el sector energético y otros.
También sugerí, para el propósito de contrarrestar al neoliberalismo e instrumentos de despliegue hegemónico estadunidense en la región, así como para la ambición de la 4T de reactivar la CELAC, disolver la Alianza del Pacífico, que incluye exclusivamente a Colombia, México, Perú y Chile. Estos últimos tres países están ahora en perfectas condiciones para hacerlo y volcar su mirada hacia todo el continente para instrumentar acuerdos con base en principios de cooperación, en vez de competencia para atraer inversión.
Pero hay, entre otros peligros, el deber de enfrentar a nivel regional, y ante el cual México debería tener liderazgo: el poderío de corporaciones europeas, incluyendo extractivas, de energía y financieras. Desde que se firmó el Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión Europea (Tlcuem) en 2000, rodeado de adornos cómo la inútil “cláusula democrática”, los resultados han sido no sólo desfavorables comercialmente para México, sino para el respeto de los derechos humanos en el país. Ha quedado demostrado en diversos documentos, incluyendo el Tribunal de los Pueblos, el Toxitour etc. (Ver “Riesgos en la Renegociación con la UE”, La Jornada, 2/08/21).
Cuando se firmó el Tlcuem, Pascal Lamy, entonces comisionado de comercio de la UE, llamó al tratado “el primero, el más rápido y el mejor”. En efecto, fue el primer tratado trasatlántico que la UE hubiera firmado y la base para los mandatos de negociación para la firma de tratados comerciales futuros en el continente y en el mundo. El que haya sido el más rápido y alcanzado en tan sólo un año pone en evidencia que este acuerdo fue negociado de manera apresurada, sin participación alguna de las organizaciones sociales y civiles (OSC) de México y Europa y con una deficiente revisión por parte del Congreso mexicano que, a excepción de una minoría parlamentaria que votó en contra, ni siquiera se tomaron el tiempo necesario para leerlo. Y, finalmente, Lamy lo llama “el mejor”, porque la UE alcanzó una desregulación de 95 por ciento en bienes y servicios y alcanzó la “paridad Nafta”, al incluir aspectos que van más allá de lo comercial, como compras de gobierno, facilidades el comercio y reglas de competencia.
Con la “modernización” del Tlcuem que se busca ratificar este año que comienza, la UE pretende atar a México a su sistema de protección de inversiones y de solución de controversias que beneficia sólo a inversionistas, además de otros rubros preocupantes como una mayor apertura comercial a productos agroalimenticios europeos como lácteos y poner a puertas abiertas la procuración de compras públicas a todos los niveles de gobierno. Esto sienta un precedente para la “modernización” de tratados de la UE con países andinos, con Chile y para el TLC con el Mercosur, en eterna negociación. Todo se negocia a espaldas de las OSC y de los pueblos, con textos hasta ahora secretos. Cualquier ratificación en México debe ser inadmisible sin un escrutinio exhaustivo del Senado, que incluya verdaderas consultas con sectores sociales y expertos en diferentes temas.
En 2022 se necesita otro enfoque para las relaciones comerciales. Uno en el que los derechos humanos en el sentido más amplio, incluyendo los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, tengan primacía por encima de los derechos corporativos y de inversionistas, y en el que existan obligaciones legales para las corporaciones transnacionales. Los gobiernos de América Latina y el Caribe deben buscar los espacios para crear políticas que den prioridad al desarrollo local y nacional, y para promover el empleo y la preservación, promoción y restauración de los servicios públicos. En medio de la crisis climática, se debe preservar el medio ambiente ante el embate de las empresas extractivas. En suma, en 2022 la 4T debe dedicar su atención a poner fin en lugar de extender el neoliberalismo, pues los tratados de libre comercio son enemigos de los pueblos.
