Cancún, QR., Los altos índices de violencia intrafamiliar provocados en parte por el hacinamiento en viviendas pequeñas y la falta de espacios propicios para el esparcimiento ha favorecido la incorporación de jóvenes e incluso niños a actividades ilícitas, ya sea por cuenta propia o reclutados por delincuentes; además, la reducción de penas para los menores que cometen delitos graves contribuye al empoderamiento de organizaciones criminales en algunas zonas de Quintana Roo, coincidieron especialistas y funcionarios.

En entrevista, el secretario estatal de Seguridad Pública, Lucio Hernández Gutiérrez, expuso que un reciente estudio ordenado por la dependencia a su cargo arrojó que la violencia intrafamiliar es un fenómeno cultural en toda la entidad, sobre todo en comunidades rurales.

Sin embargo, el municipio de Benito Juárez (con cabecera en Cancún), que tiene el destino turístico más próspero de México y América Latina, presenta los mayores niveles de violencia, al concentrar 49 por ciento de la población quintanarroense.

Sobre el fraccionamiento Villas Otoch Paraíso, ubicado en la región 259 y zonas aledañas, Hernández Gutiérrez planteó que aunque el problema principal es la “falta de identidad” entre sus residentes, entre otros motivos porque las casas son excesivamente pequeñas, los vecinos no logran crear redes sociales de amistad, además de que hay muchas tienditas ilegales donde se vende alcohol de manera clandestina y convergen hombres y mujeres.

El funcionario afirmó que a raíz de la reforma a la Ley Integral de Justicia Penal para Adolescentes, en 2016, que redujo de ocho a seis años la pena máxima que un menor de edad debe permanecer privado de su libertad por cometer delitos graves, al salir los jóvenes son coptados por la delincuencia organizada. Este fue el caso reciente de un adolescente de 13 años que fue ejecutado presuntamente porque realizaba labores de halconeo.

Sostuvo que en el Centro Especializado en Medidas Privativas de la Libertad para Adolescentes, en 2017 había 115 internos; en la actualidad sólo hay 16 sentenciados por delitos como homicidios, violación, secuestro y extorsión.

Jóvenes, 80% de los presos

Subrayó que no todos los adolescentes que cometen algún delito llegan a la fiscalía estatal ni a disposición de jueces cívicos de seguridad pública. Refirió que 80 por ciento de la población carcelaria en el estado tiene entre 20 y 35 años, y más de 50 por ciento de esa comunidad oscila entre los 18 y 28 años.

Según datos del Consejo Estatal de Población, en 2020 había un millón 792 mil 749 habitantes y el grupo poblacional más grande se encuentra entre 20 y 24 años, seguido por los de 25 y 29 años, que juntos suman 365 mil 645 jóvenes, es decir 20 por ciento del total de habitantes.

James Tobin, consejero nacional y ex presidente de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios, consideró que la inseguridad y la presencia de la delincuencia en la entidad obedece a un sinfín de razones, pero la violencia intrafamiliar, el hacinamiento y la ausencia de espacios propicios para el esparcimiento son preponderantes.

“Los jóvenes muchas veces toman la opción del crimen organizado porque afirman que más valen cinco años como rey que toda una vida como güey”, mientras la violencia en los hogares registra muy altos niveles, pues de cada mil llamadas que se reciben en el teléfono 911, por lo menos 750 son reportes de violencia en domicilios”, detalló.

Alertó que va en aumento la integración de jóvenes al crimen organizado. “Los malos reclutan a casi niños, de 16 a 17 años. Los mandan de sicarios a sabiendas de que si los detienen no pasarán más de cinco años recluidos”.

Subrayó que, además de las “minicasas”, hay zonas que también se están “calentando”, como el sector Haciendas de Caribe y las regiones 201 y 202, entre otras, donde los espacios habitacionales no son tan pequeños, pero están abandonados por la descomposición social, lo que se convierte en un círculo vicioso.

El también asesor inmobiliario aseguró que las instituciones bancarias tienen gran parte de la culpa de este fenómeno social, pues recuperan casas por incumplimiento de pago de créditos, pero ese no es su principal activo, y prefieren abandonarlas a invertir para mantenerlas en buenas condiciones en lo que se decide su futuro.

Los legisladores, acusó, también son responsables de ese abandono porque no hacen leyes para obligar a las entidades crediticias a tomar medidas a fin de no abonar a los factores que generan la inseguridad en todas sus expresiones.

Sobre la microvivienda como generador de delincuencia, explicó que los precios de los terrenos en Quintana Roo están entre los más caros en el país, sólo detrás de la Ciudad de México y el estado de México.

Vivienda precaria auspiciada por la ley

Detalló que en la entidad el suelo es cárstico y requiere maquinaria especial para construir, pero lo más caro son los casi 100 impuestos y derechos que se tienen que pagar para edificar, a tal grado que el ayuntamiento de Benito Juárez pide la anuencia de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios por la instalación de comedores temporales durante el tiempo que dure la obra.

Indicó que por cada 100 mil pesos que se invierten en una construcción, estado y municipio cobran 17 mil en impuestos, cifra que en Mérida, Yucatán, llega a 8 mil, y en Tabasco a 4 mil pesos.

En ese contexto, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores es la única opción para adquirir casas de interés social; de cada 20 mil que se construyen, entre 16 mil y 18 mil se obtienen mediante esa institución.

Los desarrolladores privados sacan la mayor utilidad posible y construyen las casas del menor tamaño posible, al amparo de la Ley de Acciones Urbanísticas de Quintana Roo, mejor conocida como ley casitas, la cual autoriza a desarrolladoras y constructoras erigir viviendas de menor tamaño en los segmentos de interés social, medio y residencial.

Tobin reprochó que si hay casas de 38 metros cuadrados es porque el Congreso local, junto con los gobiernos estatal y municipal, lo permiten, pues parte de una solución sería reducir impuestos, pero ninguno de los dos quiere dejar de recibir.

En tanto, Celina Izquierdo Sánchez, secretaria técnica del Observatorio Urbano de Cancún, investigadora y jefa del Departamento de Servicio Social en la Universidad del Caribe, opinó que en Benito Juárez gran parte de la inseguridad es responsabilidad del ayuntamiento porque aunque algunos desarrolladores de vivienda dejan espacios para áreas comunes el ayuntamiento no los quiere recibir porque ello implica invertir en alumbrado y mantenimiento, y con el tiempo son invadidos por el ambulantaje y la delincuencia.