Si el gobierno de Andrés Manuel López Obrador no marca el rumbo de una “ley marco” para poner piso y techo a los cerca de 3 mil sistemas de pensiones en el país y si sigue permitiendo que los servidores públicos se pensionen a los 45 años de edad, México tendrá “graves riesgos económicos”, que golpeará a los sistemas de salud, educativo y de seguridad, alertó la Asociación Mexicana de Actuarios Consultores y el Colegio Nacional de Actuarios.
En entrevista con La Jornada, Francisco Aguirre Farías, miembro de la Asociación y del Colegio de Actuarios, explicó que 20 por ciento, una quinta parte, del Presupuesto de Egresos de la Federación, el cual asciende para este año a 7 billones de pesos, se gasta en pensiones, y seguirá creciendo hasta 25 por ciento en 2036. A partir de ahí empezará a bajar el gasto como porcentaje del Presupuesto, pero para llegar otra vez a que el desembolso por pensiones represente 20 por ciento del presupuesto van a pasar 30 años; es decir, en 2050.
Los sistemas de pensiones en México están muy disparejos, sentenció Aguirre. Mientras algunos sólo tienen la pensión del adulto mayor, una cantidad mínima; los del Seguro Social, que están en la Ley de 1973, les va ir razonablemente bien; a las Afore les va ir mal, ya que van a tener la pensión del adulto mayor, más la pensión de las rentas vitalicias, un 45 o 50 por ciento de su último salario; y los servidores públicos les va muy bien, algunos tienen una pensión arriba de su último salario, y desde los 45 años de edad de retiro.
“Si esta administración no empieza a marcar el rumbo, empezar a hacer un trabajo de escritorio, de plantear una ley general de pensiones en México, nos va ir bastante mal económicamente, ya que las pensiones se irán comiendo el presupuesto de otros conceptos como el de salud, la educación, la seguridad e inversión, entre los más relevantes”, prevé Aguirre Farías.
En vísperas del seminario virtual: Retiro y salud 2022, organizado por la Asociación Mexicana de Actuarios Consultores y el Colegio Nacional de Actuarios y que se llevará a cabo el 22 y 23 de febrero, el también director general de Valuaciones Actuariales del Norte reconoce que por ley se tienen que pagar las pensiones, pero en el caso de los servidores públicos y universitarios se están otorgando a los 25 o 30 años de antigüedad, sin importar la edad; es decir, la gente se está retirando a los 45 o 50 años de edad, cuando la definición de una pensión es la sociedad se junte para apoyar a la gente que ya no puede trabajar. Obviamente a los 45 o 50 años se puede trabajar perfectamente.
Trabajo de escritorio
El actuario, especialista en regímenes de pensiones, asegura que quizás este gobierno ya no hará una ley por razones políticas, pero lo que sí se puede hacer es marcar el rumbo, hacia donde se va ir, trabajar en el escritorio para que la siguiente administración, con más fuerza política a su comienzo, pueda hacer los cambios legales necesarios.
Han habido avances, precisó, pero desarticulados. En cada municipio, estado, universidad o empresa productiva se llegan a acuerdos diferentes y se está haciendo un monstruo y mientras no haya una “ley marco” esto no se va a corregir.
“Siempre hemos planteado hacer una legislación marco o una ley general para todo el país; esto no quiere decir una pensión universal, como todo mundo piensa, sino que con ella se regulen todos los sistemas de pensiones.”
