Ciudad de México. Vecinos de la primera sección de la unidad San Juan de Aragón iniciaron el año con la incertidumbre de lo que pasará con sus viviendas y si la autoridad asumirá su responsabilidad tras más de nueve meses de que 34 inmuebles resultaron afectados por una fuga del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, que provocó una oquedad en el subsuelo, y dañó ocho casas.

Tras decenas de reuniones con autoridades de la alcaldía Gustavo A. Madero, en muchas de las cuales los dejaron plantados o se las pospusieron sin previo aviso, los vecinos afectados dieron a conocer que lo único que han recibido es un apoyo para renta de 6 mil pesos mensuales.

Los daños que presentan sus hogares los obligaron a desalojarlos ante el temor de que se agraven, pero no saben si dicho apoyo continuará porque incluso en alguna ocasión se les pidió que se “preparen” porque el presupuesto 2022 se liberará hasta marzo.

La fuga de agua tuvo su mayor afectación el 15 de marzo de 2021, cuando formó un socavón, levantó banquetas, cuarteó muros y ocasionó desprendimientos de losas, y hundimientos, incluso en el deportivo Zarco, que se encuentra frente a la avenida 503.

A la fecha, los vecinos están a la espera de los resultados de los estudios de subsuelo realizados por el Instituto de Geofísica de la UNAM, los cuales, de acuerdo con el alcalde, Francisco Chíguil, se darán a conocer en los primeros días de enero.

El titular de la demarcación garantizó que se mantendrá el apoyo a los habitantes de los 34 inmuebles afectados, en los cuales vivían más de 50 familias, y sólo se está a la espera de conocer los resultados de los estudios mencionados para aplicar el seguro correspondiente y trazar el plan para rehabilitarlos.

“Nosotros les estamos dando el apoyo de renta cada mes para que tengan paciencia y los estudios se puedan realizar bien por parte de científicos”, aseguró Chíguil.

La titular del Ejecutivo local, Claudia Sheinbaum, se mantiene al pendiente porque su gobierno será el que determine los pasos a seguir para rehabilitar las viviendas afectadas, así como ver lo que corresponde en cuanto a las que se declararon inhabitables.

Los vecinos aseguraron que los 6 mil pesos que reciben cada mes como apoyo para renta son insuficientes porque tuvieron que desalojar casas solas con uno o dos lugares de estacionamiento, ni las autoridades les han indicado los pasos a seguir para solucionar el conflicto ocasionado por el socavón.

Ana Lilia Díaz Trujillo, representante de los vecinos, señaló que acudieron a la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México para que fungiera como mediadora en el conflicto, y es la institución que ha dado seguimiento y con la que han documentado las reuniones que se les cancelan o posponen de última hora sin argumento alguno.

Reconoció que hay vecinos que están ya desesperados por la situación, pues está en juego el patrimonio que construyeron a lo largo de 54 años, por lo que por conducto del comité, donde participamos cinco vecinos, también afectados, buscamos que las autoridades rehabiliten nuestras casas.

Por su parte, Erick Jáuregui confío en que esta semana se conozcan los resultados de los estudios y se informe de la entrega de los seguros para la demolición y construcción o rehabilitación de los inmuebles afectados, porque “ya ha pasado mucho tiempo y continuamos en la incertidumbre”.