A pesar de que la violencia contra niños, niñas y adolescentes se ha considerado un problema de salud pública generalizado en el país, con consecuencias “devastadoras”, las procuradurías federal, estatales y municipales de protección a los menores enfrentan una serie de obstáculos para el cumplimiento de sus funciones, entre ellos, falta de presupuesto, personal, capacitación y de infraestructura que permita atender la demanda creciente de servicios, aseguraron la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y organizaciones civiles.
La CNDH alertó que durante la pandemia de Covid-19 los servicios que brindan las procuradurías encargadas de proteger y restituir los derechos de los menores se redujeron considerablemente, al grado de que “en numerosos casos” no fue posible comunicarse por teléfono o por correo electrónico para solicitar su apoyo e intervención.
“La acumulación de reportes y casos de violencia en el entorno de los hogares, derivado de la cuarentena, se tradujo en importantes retrasos en las acciones de protección, incrementando los riesgos a que estaban expuestas” las víctimas, expuso.
Por su parte, José Lugo, coordinador de incidencia política para la protección de la niñez en Save the Children, y Daniela Cervantes, coordinadora de abogacía en Aldeas Infantiles SOS México, coincidieron en que dichas instancias, en su mayoría, no cuentan con personal, “hay oficinas con una o dos personas para atender todas las denuncias”, y tampoco se les ha dotado de equipos suficientes de trabajo y medios de transporte para acudir a las localidades y dar seguimiento a los casos.
En un informe sobre los derechos de niñas, niños y adolescentes, la CNDH manifestó que en particular resulta preocupante la disminución de los recursos destinados a la Procuraduría Federal de Protección, pues mientras en 2016 contó con 120 millones de pesos, para 2020 disminuyó a 62 millones 834 mil, es decir, 51 por ciento menos, y en 2021 tuvo 65 mil 184 millones.
Además, recordó que un análisis realizado por el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia arrojó que en la mayoría de los casos los recursos de que disponen las procuradurías equivalen a 27 por ciento del monto óptimo para su operación.
Sobre el trabajo que realizan, la CNDH advirtió que son contadas aquellas procuradurías que asumen de manera oficiosa la representación jurídica de los menores, limitándose a actuar sólo a petición expresa de alguna autoridad.
Asimismo, indicó que mientras la situación de los menores migrantes requiere atención prioritaria, las procuradurías “están rebasadas en su capacidad para brindar refugio y protección”.
José Lugo expuso que cuando un menor sufre algún tipo de violencia o se vulnera alguno de sus derechos, las procuradurías tienen que articular y ordenar a otras autoridades que apoyen, pero “hay una carencia de capacitación en materia de derechos, algunas con las que hemos platicado ni siquiera conocen sus obligaciones legales”.
