Desde hace más de un año está detenida en el Senado la minuta por la que se crea la Ley General para Prevenir, Atender y Reparar Integralmente el Desplazamiento Forzado Interno, pese a la urgencia de contar con un marco jurídico a fin de atender a quienes han tenido que dejar sus comunidades, muchos de ellos indígenas, entre otros motivos, por la violencia provocada por el crimen organizado, conflictos religiosos o xenofobia.
La ley fue aprobada por unanimidad en la Cámara de Diputados el 29 de septiembre de 2020, se expresó en tribuna, entonces, que se resolvía con ello una grave laguna jurídica que flagela a familias enteras obligadas a abandonar su hogar, su patrimonio y sus pueblos y vivir en la incertidumbre.
La minuta fue remitida un día después al Senado, sin que se haya dictaminado hasta el momento, debido, entre otras cosas, a que implica una fuerte erogación de recursos públicos, ya que establece la obligación de crear un fondo nacional que dará los recursos económicos “para la prevención, atención, protección e implementación de soluciones duraderas” a las personas desplazadas.
Ese fondo nacional de atención al desplazamiento forzado interno “se integrará en una cuenta específica administrada por la Secretaría de Gobernación”, con una partida presupuestal expedita.
La ley considera víctimas de desplazamiento interno a quienes tuvieron que dejar sus lugares de residencia a partir del primero de enero de 2010, “como consecuencia de un conflicto armado, de situaciones de violencia, de violaciones a derechos humanos, catástrofes naturales o provocadas por el ser humano”.
Debido a que no hay un registro preciso de desplazados –organizaciones no gubernamentales señalan que son más de 400 mil en todo el país, sobre todo en Guerrero, Oaxaca y Chiapas–, la legislación obliga a crear el Registro Nacional de Personas Desplazadas, el que recopilará información y datos de carácter confidencial sobre las víctimas y sus familias y el lugar de donde huyeron.
La ley reconoce y garantiza los derechos de las personas desplazadas, establece atribuciones y la distribución de competencias entre la Federación, estados, municipios y organismos autónomos para prevenir, atender, proteger y generar soluciones duraderas al problema.
La minuta no ha sido dictaminada hasta el momento, aunque la presidenta de la Comisión de Gobernación del Senado, Mónica Fernández, aseguró que estará en la agenda del próximo periodo de sesiones que se inicia en febrero, ya que es necesaria para apoyar a personas de gran vulnerabilidad.
